Macri quedó sobreseído por la represión en el hospital Borda

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó los sobreseimientos de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Reybaud, de Guillermo Montenegro y Ruben Pachano por la represión ocurrida en el hospital Borda en abril de 2013, cuando los seis eran funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En esa año, el actual presidente de la Nación era el jefe de Gobierno porteño; Vidal, la vicejefa; Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete; Reybaud, la ministro de Salud, y Montenegro, el de Seguridad y Justicia.

En la misma resolución, el Tribunal anuló el sobreseimiento del entonces jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Giménez, y del subjefe, Enrique Pedace, y resolvió aparatar a los magistrados de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, «que adoptaron la decisión recurrida, debiendo el tribunal de la instancia anterior integrarse con otros jueces para dictar un nuevo pronunciamiento a este respecto».
La resolución de hoy estuvo a cargo de los jueces Horacio Días, María Laura Garrigós De Rébori y Pablo Jantus, integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación.

«No se advierte de parte del por entonces jefe de Gobierno, ni tampoco en la impugnación se señala, ningún quebrantamiento de deberes que posibilite habilitar su imputación penal por competencia institucional en este caso», sostuvo Días en su argumentación.

«Podríamos presumir que el ministro Montenegro supo lo que estaba ocurriendo en tiempo real, o podemos estimar que lo presumía, pero en todo caso este nivel probatorio no es suficiente para acreditar el conocimiento que debía tener para poder actuar en función de la imputación penal que se le podría hacer, dados los hechos de la causa», sostuvo Garrigós, con respecto al entonces ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa se inició a raíz de la represión ocurrida el 26 de abril de 2013 en el hospital Borda, en una protesta de trabajadores, delegados gremiales, periodistas y pacientes que se oponían a la demolición de un taller donde trabajaban enfermos mentales, para construir complejo cívico. Como consecuencia de la represión llevada a cabo por efectivos de la Policía Metropolitana, 32 personas resultaron heridas.

De Giménez y Pedace, el Tribunal consideró que, por estar en el lugar de los hechos, tienen responsabilidad sobre el control de los efectivos que actuaron en el hospital e incumplieron sus deberes de preservar a los pacientes del Borda.

«Dirigir un despliegue policial que arroja gas en el rostro a las personas y, luego, cuando éstas caen al piso, encontrándose indefensas, continúan siendo golpeadas por efectivos policiales, mal puede definirse como un adecuado, necesario, no abusivo y proporcionado uso de la fuerza; tal es el caso de lo sucedido», sostuvieron los camaristas en su resolución.