El Gobierno argentino inicia la privatización de AySA: venderá hasta el 90% de las acciones

El Gobierno nacional dio un paso decisivo hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal encargada de proveer agua potable y servicios de saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial, se venderá hasta el 90% de las acciones que el Estado posee en la compañía, con el objetivo de modernizar el sector y atraer inversiones privadas.

El proceso, coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, contempla dos etapas principales: una licitación pública nacional e internacional para transferir al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, y la venta del remanente en bolsas y mercados nacionales. La medida, que busca garantizar la continuidad del servicio, se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742), que declaró a AySA sujeta a privatización.

El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, instruyó a la Secretaría de Obras Públicas a elaborar la documentación técnica y contractual necesaria, con la asistencia técnica de AySA y la supervisión de la Agencia de Transformación. Sin embargo, el Tribunal de Tasaciones de la Nación señaló que no puede realizar la valuación de la empresa en un plazo razonable, por lo que se contratará a una entidad bancaria del sector público para determinar el valor del paquete accionario. El proceso de venta deberá concretarse en un plazo máximo de ocho meses desde la publicación de la resolución.

El Gobierno justificó la privatización argumentando que, desde su reestatización en 2006, AySA ha requerido aportes del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares hasta 2023, con un deterioro en la infraestructura y un aumento del 90% en la dotación de personal. Además, el nivel de morosidad de los usuarios alcanzó el 16%, frente al 4% promedio durante la gestión privada previa. El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la calidad del servicio y reducir los costos operativos, manteniendo el 10% de las acciones en manos de los empleados bajo el Programa de Propiedad Participada.

La privatización de AySA, que presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, no es un hecho nuevo. Entre 1993 y 2006, bajo el nombre de Aguas Argentinas y operada por el grupo Suez, la empresa fue privada, pero la concesión fue revocada por problemas de calidad, baja presión y contaminación. La reestatización permitió expandir la cobertura de agua potable al 83% y de cloacas al 63% en el AMBA, aunque los desafíos persisten.

El anuncio ha generado debate sobre el impacto en las tarifas, los subsidios y la continuidad del servicio. Desde el Gobierno aseguran que no se interrumpirá la provisión de agua y cloacas, pero no se precisaron detalles sobre el nuevo cuadro tarifario ni la tarifa social, que beneficia al 40% de los usuarios. En lo que va de 2025, las tarifas de AySA ya acumulan un aumento superior al 330%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). Además, el reciente Decreto 493/2025 habilitó a AySA a cortar el suministro por falta de pago, lo que podría generar controversia entre los usuarios.

El proceso de privatización, regulado por la Comisión Nacional de Valores, se espera que culmine con la adjudicación en 2026, tras un llamado a licitación a fines de 2025. Mientras el Gobierno apuesta por un modelo autosustentable que atraiga inversiones extranjeras, expertos y usuarios expresan preocupación por el impacto en un servicio esencial y las lecciones de la experiencia privatizadora de los años 90