Rechazo total de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan

El gobierno de Javier Milei vetó íntegramente la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una medida que se suma a su rechazo previo de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas decisiones, publicadas en el Boletín Oficial, se fundamentan en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y evitar lo que la administración libertaria califica como un «aumento desmedido e irresponsable del gasto público». Este veto se enmarca en un contexto de ajuste fiscal y crecientes tensiones con los gobernadores provinciales por la Ley de Redistribución Automática de las Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuya resolución se espera para el cierre de este viernes.

El decreto de veto, firmado por el presidente Milei y todo el gabinete nacional, estima un impacto fiscal de $115.030.000.000 derivado de los ajustes salariales propuestos en la ley. Según el gobierno, esta cifra equivaldría a un tercio del presupuesto del calendario de vacunación, tres veces el destinado a la cobertura de VIH, lepra, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual y hepatitis viral, o un año y medio de financiamiento para la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). La administración argumenta que la ley carece de financiamiento genuino, tiene redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad, profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales de salud y erosiona la coparticipación federal, amenazando la estabilidad presupuestaria nacional y provincial.

En su comunicado oficial, el gobierno enfatizó: «Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.» Esta postura se alinea con la rigidez económica de Milei, quien reiteró en declaraciones recientes: «No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando.»

El veto al Garrahan se produce en medio de una reorganización política tras la derrota electoral de 13 puntos del oficialismo ante Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses. El gobierno busca tender puentes con los gobernadores a través de una nueva mesa de diálogo liderada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el nombramiento de Lisandro Catalán como ministro del Interior. Sin embargo, los mandatarios provinciales, fortalecidos por la alianza Provincias Unidas, exigen negociaciones serias y perciben el veto como un gesto de intransigencia que agrava las tensiones. La incertidumbre sobre la ley de ATN, clave para la distribución de fondos provinciales, ha generado preocupación entre los líderes regionales, quienes anticipan que la postura de Milei podría complicar el diálogo federal.

Los trabajadores del Hospital Garrahan, por su parte, habían anticipado la posibilidad de un veto y se preparan para las repercusiones. Este rechazo no solo afecta directamente a la institución pediátrica de referencia nacional, sino que también resalta las divisiones entre el Ejecutivo y el Congreso en materia de salud pública. Organizaciones sindicales y de derechos humanos han criticado la medida, argumentando que prioriza el ajuste fiscal por sobre las necesidades urgentes de los niños y sus familias.

En un panorama más amplio, el veto profundiza el debate sobre el modelo económico de Milei, que prioriza la disciplina fiscal ante las presiones inflacionarias y las demandas sociales. Mientras el gobierno insiste en su compromiso con el FMI y la desregulación, los opositores advierten sobre los riesgos de recortes en servicios esenciales. Se espera que esta decisión impulse nuevas protestas y negociaciones en el ámbito legislativo, especialmente si el Congreso busca insistir con la ley.