Kicillof critica la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y respalda movilización sindical

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó un fuerte rechazo al proyecto de «modernización laboral» enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso, al calificarlo como un retroceso en los derechos laborales que agravaría la situación económica del país.
En declaraciones públicas, Kicillof sostuvo que el proyecto, integrado por 197 artículos, no fue consultado con pymes ni con trabajadores, y representa una «regresión muy fuerte» comparable a intentos de los años 90, como la denominada «Ley Banelco».

«La Argentina vive una situación de emergencia laboral, de pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída de salarios, y esta ley parece diseñada para lograr un empeoramiento», afirmó. Agregó que «el nombre de ‘modernización laboral’ nunca estuvo peor puesto» y que equivale a un regreso a normativas de la Asamblea del Año XIII en materia de protecciones laborales.

El mandatario provincial enfatizó la necesidad de un debate amplio: «Si el Gobierno pretende aprobarlo con método de shock está muy equivocado; hay que dar la discusión».

Kicillof anunció que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político que lidera, y la provincia de Buenos Aires acompañarán la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA para el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto. La protesta, que se replicará en diversas provincias, cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales y sociales.
El proyecto de reforma laboral, firmado por el presidente Javier Milei y enviado al Senado para su tratamiento en sesiones extraordinarias, incluye modificaciones en aspectos como jornadas laborales, indemnizaciones por despido (con la creación de fondos sectoriales), negociación colectiva (priorizando convenios por empresa sobre sectoriales), eliminación de la ultraactividad de convenios, cambios en el teletrabajo y financiamiento sindical, entre otros.

El Gobierno nacional lo presenta como una modernización necesaria para reducir costos laborales, fomentar el empleo registrado, atraer inversiones y adaptarse a realidades actuales, en un contexto de alta informalidad (alrededor del 43%). Sectores opositores, sindicales y peronistas lo critican como una flexibilización que reduce protecciones y precariza el trabajo.
El debate parlamentario se espera intenso, con el oficialismo buscando aprobación rápida y la oposición anunciando acciones legislativas, judiciales y callejeras para frenarlo.