El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quedó momentáneamente a salvo del juicio oral y público por las supuestas escuchas ilegales a adversarios políticos y familiares, según resolvió el juez federal Sebastián Casanello.
El magistrado consideró que aún no hay “pruebas suficientes” para mandar a Macri a juicio junto con otros imputados, entre ellos el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, el ex espía Ciro James y el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski.
No obstante, el juez no desprocesó a Macri sino que ordenó nuevas medidas de prueba, previo a resolver si lo desvincula definitivamente de la causa o lo manda a juicio oral con el resto de los acusados
Según Casanello, el cierre de la instrucción dispuesto por Norberto Oyarbide (el juez anterior de la causa) fue «prematuro»: no hay una «prueba concreta» que permita sostener que Macri haya ordenado espiar a su cuñado, Néstor Leonardo, ni a Sergio Burstein
Casanello consideró que el reproche contra Macri «se agota en una suerte de responsabilidad por organigrama», por ser la cabeza del gobierno porteño, y que, más allá de la responsabilidad política que pueda caberle, no hay pruebas suficientes para atribuirle la responsabilidad penal de haber formado una asociación ilícita
El magistrado consideró que aún no hay “pruebas suficientes” para mandar a Macri a juicio junto con otros imputados, entre ellos el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, el ex espía Ciro James y el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski.
No obstante, el juez no desprocesó a Macri sino que ordenó nuevas medidas de prueba, previo a resolver si lo desvincula definitivamente de la causa o lo manda a juicio oral con el resto de los acusados
Según Casanello, el cierre de la instrucción dispuesto por Norberto Oyarbide (el juez anterior de la causa) fue «prematuro»: no hay una «prueba concreta» que permita sostener que Macri haya ordenado espiar a su cuñado, Néstor Leonardo, ni a Sergio Burstein
Casanello consideró que el reproche contra Macri «se agota en una suerte de responsabilidad por organigrama», por ser la cabeza del gobierno porteño, y que, más allá de la responsabilidad política que pueda caberle, no hay pruebas suficientes para atribuirle la responsabilidad penal de haber formado una asociación ilícita