A 23 años del crimen de María Marta García Belsunce: Carlos Carrascosa busca justicia contra el Estado por años de prisión injusta y ruina económica

Han pasado exactamente 23 años desde aquel fatídico 27 de octubre de 2002, cuando María Marta García Belsunce, una destacada socióloga de 50 años, fue hallada muerta en su mansión del exclusivo country Carmel de Pilar, con cinco balazos en la cabeza. Lo que parecía un suicidio se convirtió en uno de los casos judiciales más escandalosos de la historia argentina: un laberinto de acusaciones erróneas, prisiones injustas y revelaciones tardías. Hoy, Carlos Carrascosa, el viudo de la víctima, quien fue injustamente condenado por su presunta autoría, anuncia los pasos finales de una batalla legal contra el Estado. A sus 80 años –cumplirá 81 el próximo 13 de diciembre–, Carrascosa prepara una demanda civil contra la provincia de Buenos Aires para reclamar un resarcimiento por la libertad robada y un patrimonio evaporado en honorarios y pericias. «Me sacaron la libertad y me vaciaron económicamente», declara con voz serena pero firme, en una entrevista exclusiva con Infobae.

El eco del disparo que silenció para siempre la vida de García Belsunce resuena aún en la memoria colectiva. Aquella tarde soleada, Carrascosa regresó a casa y encontró a su esposa tendida en la bañera, inmersa en una piscina de agua teñida de rojo. Las primeras pericias hablaron de un posible suicidio, pero pronto surgieron dudas: moretones inexplicables, un revólver no registrado y una escena del crimen manipulada. La fiscalía, liderada entonces por el controvertido Diego Molina Pico, apuntó directamente a Carrascosa, acusándolo de homicidio agravado por el vínculo. Pasó tres años y medio en prisión preventiva, entre 2003 y 2007, y acumuló sentencias condenatorias que lo mantuvieron bajo la sombra de la cárcel hasta 2011. Fueron años de agonía: «En principio era para pedir mi libertad. Y ahora, por la injusticia total», rememora Carrascosa, quien solo fue absuelto definitivamente en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La verdad tardó en emerger, pero lo hizo con la fuerza de un vendaval. La absolución de Carrascosa impulsó una nueva investigación, ordenada por la Corte Suprema, que desenterró el verdadero rostro del asesino: Nicolás Pachelo, un vecino del country y conocido ladrón de residencias de lujo. Pachelo, quien había sido absuelto inicialmente en 2015 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Isidro –en un fallo controvertido donde el presidente del tribunal, antes de su muerte en 2024, dejó una nota disidente con la frase shakespeariana «Algo huele mal en Dinamarca»–, fue finalmente condenado a prisión perpetua en 2022. Los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González tejieron la acusación con pruebas irrefutables: huellas, testimonios de víctimas de robos previos y un patrón de violencia que lo vinculaba directamente al crimen. La Sala V de la Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia en febrero de 2025, con los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Jorge Mateos desestimando los recursos de la defensa. «Sé que María Marta está vengada. Ella debe estar chocha allá arriba, eh, festejando y, bueno, ya me falta poquito y ya la voy a ir a ver. Así que será hasta la próxima y en un ratito voy, Negra», confiesa Carrascosa con una mezcla de alivio y nostalgia, refiriéndose a su esposa con el apodo cariñoso.

Hoy, la vida de Carrascosa dista años luz de la opulencia que compartía con García Belsunce. Vive en un modesto departamento de dos ambientes en la zona oeste del Conurbano bonaerense, alquilado desde hace años. Las propiedades en countries de Pilar –símbolos de una era dorada– fueron vendidas una a una para solventar una década y media de batallas judiciales. «Tuve que vender todas mis propiedades para ir pagando los abogados, todas las pericias del juicio. Son veintipico de años, es muy fuerte todo», explica. No tiene hijos, pero cuenta con una red de sobrinos y ahijados que lo tratan como a un padre, y sobre todo, con «amigos de calidad» que lo sostuvieron en la adversidad: «Siempre fueron una fuerza implacable, que no me dejaban flaquear. Ese creo que es el principal capital que tengo en este momento: los amigos». Nombra con gratitud a sus abogados Gustavo Hechem y Gustavo Fernández Díaz Cantón, así como a los fiscales que corrigieron el rumbo de la justicia, contrastándolos con Molina Pico, el fiscal que lo persiguió sin piedad.

El nuevo capítulo de esta saga es un reclamo patrimonial que Carrascosa inició en 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando aún languidecía en prisión. Ahora, sus letrados Pablo Javier Viboud y Fernández Díaz Cantón lo elevan a la Justicia local: una demanda contra la Provincia de Buenos Aires por responsabilidad patrimonial. Los argumentos son contundentes: violación al debido proceso, detención arbitraria y daños morales y materiales derivados de una investigación inicial plagada de errores. «Hay gente que me dice que con este juicio al Estado me estoy vengando. No, estoy simplemente haciendo lo correcto, que es rescatar lo que me sacaron. Ya me sacaron años de libertad, después me vaciaron económicamente», aclara Carrascosa, descartando cualquier rencor. Busca un «pequeño resarcimiento», suficiente para «disfrutar algo» en sus últimos años. «Esperemos que sea relativamente rápido el trámite. Eso es lo más difícil de esta Justicia, porque yo ya tengo 80 años y me gustaría disfrutar algo, si es que es bienvenida mi demanda. Espero que sí. Y bueno, y si no, serán mis herederos», añade con un toque de pragmatismo.

El caso de Carrascosa no es aislado en el panorama argentino de fallas judiciales, pero su tenacidad lo convierte en un símbolo de resiliencia. La fiscal María Inés Domínguez, quien reabrió la pesquisa tras la absolución de 2016 y falleció antes de ver el final, dejó un legado que Quintana y sus colegas completaron. Mientras la Suprema Corte de Justicia bonaerense evalúa apelaciones pendientes, Carrascosa mira al horizonte con una fe renovada.