El juez Oyarbide el Viernes pasado, radicó una denuncia.
El jueves pasado un grupo de hombres ingresó a las oficinas de la Asociación Mutual Propyme, una clásica «cueva financiera» del microcentro porteño. Se identificaron como policías federales, tenían chalecos, gorras y credenciales que así lo acreditaban.
En las oficinas de la calle Maipú al 200 mostraron una orden de allanamiento proveniente del juzgado federal de Oyarbide, de la secretaría 9 a cargo de Carlos Leiva.
La cueva pertenece a Guillermo Greppi un hombre muy conocido en el ambiente financiero donde se descuentan cheques a empresas e individuos. Cuando se produjo la irrupción policial enseguida llamaron al abogado de confianza: Fernando Jorge Torres quien llegó a las oficinas media hora después del inicio del procedimiento.
Cuando promediaba el allanamiento los policías ofrecieron dejar todo de lado a cambio de 300 mil dólares.
En ese momento en la caja fuerte de la cueva había 5 millones de pesos atesorados. El cuevero y su abogado gastaron los celulares llamando a autoridades policiales y políticas vinculadas con la Federal para pedir ayuda.
Los policías se enteraron de esos llamados, y dijeron: «nosotros no recibimos órdenes de ningún jefe policial ni de ninguna persona de la política». Y tras cartón aseguraron que seguían directivas del juez y del secretario.
La orden de allanamiento era verosímil-no sabe si auténtica- y que los policías dijeron que había varios procedimientos simultáneos y se presentaron como integrantes de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (DIFOC) una repartición de mucha relación con el juzgado de Oyarbide. Los uniformados según relataron Torres y Greppi, se presentaron como Ancona y Ángel.
Luego del allanamiento que terminó en la nada, el abogado y el «cuevero» fueron a hacer la denuncia al propio juzgado de Oyarbide. Las declaraciones fueron tomadas en la secretaría 10 a cargo del secretario Pedro Diani y Oyarbide hizo la denuncia ante la Cámara Federal y el expediente cayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
El fiscal del caso, Ramiro González, estudiaba la denuncia para determinar si abría o no una investigación.
El juez Oyarbide, igualmente viajó a pasar Navidad al Chaco, donde vive la familia de su pareja.