Allanamientos en Tucumán: detuvieron a nueve policias, por presunta autoría mediata de delitos
Publicado: 14-12-2013
La Justicia penal está tratando de hallar las causas -y a los responsables- de la crisis social de esta semana, que implicó saqueos, pánico y muertes en Tucumán. Durante las últimas horas de ayer, y hasta la madrugada de hoy, se realizaron procedimientos en diferentes puntos, con el objetivo de detener a nueve policías, sospechados de presunta autoría mediata de una serie de delitos (desde robos hasta otros hechos más graves)
Hasta ahora fueron detenidos nueve uniformados, uno de ellos sería un comisario, cuyos nombres se mantienen en reserva debido a que se decretó el secreto de sumario en la causa.
La intención es llevar a todos los apresados directamente al penal de Villa Urquiza. Los detalles de los procedimientos aún se mantienen en reserva, debido a que el expediente se maneja bajo estricto secreto. En las próximas horas, los sospechosos deberían prestar declaración en la sede penal de Tribunales.
Entre el Lunes y el Miércoles se vivieron horas de tensión en diferentes puntos de la provincia. Sobre todo, en las periferias de la capital, donde bandas de saqueadores atacaron supermercados y distribuidoras. Los incidentes también alcanzaron a localidades del interior como Yerba Buena y Famaillá, entre otras.
Los delincuentes aprovecharon que la Policía de Tucumán, en medio de una protesta salarial, había optado por dejar de prestar el servicio de vigilancia. Con las calles sin patrulleros ni agentes, los vecinos y comerciantes decidieron armarse y levantar barricadas para evitar el avance de los saqueadores. Varios de los intentos fueron en vano. Hubo millones de pesos en pérdidas por bienes sustraídos o destrozados; al menos cinco muertos; e incontables heridos.
El martes, los voceros de la fuerza local cerraron el acuerdo con el Poder Ejecutivo (PE), según el cual un agente, al ingresar a esa institución, recibirá desde 2014 unos $ 8.700 de bolsillo. Además, el Gobierno provincial aceptó reincorporar a ex uniformados que habían sido cesanteados en quejas anteriores.
Ante este panorama, Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), había pedido al ministro fiscal Luis de Mitri que el fuero penal prestara especial atención a estos incidentes y sus consecuencias. En principio, De Mitri impartió la orden de que los 10 fiscales de Instrucción de la sede penal de Tribunales se abocaran a estos casos.