Avance en la investigación del triple femicidio de Florencio Varela: Detienen a la pareja de un implicado clave en red narco

En un giro que profundiza la trama de narcotráfico y violencia en el conurbano bonaerense, la Justicia ordenó la detención de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados en el brutal triple femicidio de Florencio Varela. La mujer, de 37 años y oriunda de la Villa 1-11-14, fue capturada en un allanamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y ahora emerge como figura central en el expediente que sacude al Bajo Flores.
El arresto de Mujica, ejecutado por la Policía Bonaerense con aval de un juzgado porteño, se produjo pasadas las 23 horas del sábado. Durante el operativo, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje forense, según confirmaron fuentes judiciales a este medio. Mujica, ex empleada de una empresa de limpieza tercerizada, no solo es la tía de Florencia Ibáñez –otra detenida que optó por declarar como arrepentida–, sino que su rol en la organización criminal sale a la luz gracias al testimonio de un nuevo colaborador que la vincula directamente al negocio de estupefacientes.
El testimonio que desarma la red
El detonante de la captura fue la extensa declaración de un testigo que se presentó este viernes ante los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza: Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli. Según el relato, Mujica formaba parte activa de la banda narco liderada por Sotacuro, alias «El Duro» o «Chato», un remisero de la villa que manejaba la recepción, corte, «estiramiento» y distribución de cocaína proveniente del exterior.
«Las víctimas robaron la droga durante el proceso de corte, y eso selló su destino», afirmó el testigo, desmintiendo versiones previas que apuntaban a un «blanco equivocado». Este robo, ocurrido en el corazón del Bajo Flores, habría desencadenado la orden de ejecución de Brenda del Castillo (21 años), Morena Verdi (18) y Lara Gutiérrez (17), jóvenes que fueron privadas de su libertad, torturadas y asesinadas el 19 de septiembre en una casa de horror en Florencio Varela, donde peritos hallaron manchas de sangre en las paredes.
El colaborador también reveló un detalle clave: Mujica le habría ordenado a su sobrina Ibáñez borrar el contenido del teléfono de Sotacuro para eliminar rastros del crimen. Ibáñez, pareja del prófugo Alex Ydone (con antecedentes por tráfico de drogas), confirmó esta instrucción en su testimonio como arrepentida, aunque inicialmente Ydone le había dicho que el objetivo era «un tipo» ajeno al robo de estupefacientes.
Un investigador involucrado en la causa, que prefirió la anonimato por el delicado avance de la pesquisa, explicó a este corresponsal: «Se sospecha que Mujica participaba en la recepción de droga desde el exterior junto a Sotacuro. Ella se encargaba puntualmente del corte, el estiramiento y la distribución de la cocaína. Sabía todo el plan». Estas revelaciones fortalecen la hipótesis de que el triple crimen no fue un error, sino una represalia premeditada en un entramado con ramificaciones internacionales.
Antecedentes y contradicciones
Mujica, de nacionalidad argentina y sin antecedentes penales previos, había declarado como testigo en las primeras etapas de la investigación. En su versión, Sotacuro salió de su hogar ese fatídico 19 de septiembre a las 20 horas con una frase cotidiana: «Gorda, coman que voy a hacer un remise». Sin embargo, otro testigo la contradice: tras el hallazgo de los cuerpos, Mujica habría confesado a un allegado: «El Chato se mandó una cagada», reconociendo implícitamente la gravedad del acto.
Sotacuro enfrenta la calificación más dura posible: privación ilegal de la libertad coactiva agravada por pluralidad de intervinientes (reiterada en dos hechos), homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y por ser «criminis causa» (reiterado en tres hechos), todo en concurso real. La pena única viable es la prisión perpetua. Mujica, al igual que su pareja, podría sumarse a este rubro una vez analizados los peritajes.
Hacia el fuero federal: Prófugos y extradiciones
La UFI de Homicidios solicitó este viernes la prisión preventiva para los ocho imputados, incluyendo a Sotacuro e Ibáñez, y el pase de la causa al fuero federal de Morón para indagar la «pista narco». Las evidencias apuntan a órdenes emanadas desde Perú, donde aguarda extradición Tony Janzen Valverde, alias «Pequeño J», uno de los cabecillas. Tres prófugos, entre ellos Ydone, cuentan con alertas rojas de Interpol.
El caso, que conmocionó por la saña contra las víctimas –dos de ellas menores de edad–, expone la permeabilidad del narcotráfico en los barrios vulnerables del Gran Buenos Aires. Mientras los fiscales avanzan en los cruces de testimonios, la sociedad espera justicia en un expediente que podría desmantelar una red transnacional. Las familias de las víctimas, en tanto, reclaman celeridad: «No queremos más impunidad», dijo un portavoz cercano a los allegados de Brenda, Morena y Lara.