Bonadio pidió un informe «urgente» sobre patrimonio y gastos de Máximo Kirchner

Los problemas de De Vido son públicos y notorios. Desde ayer está bajo juicio oral por la tragedia de Once, acusado de estrago culposo y fraude al Estado. Y además tiene citación a indagatoria, prohibición de salir del país y pedido de detención por la fabulosa malversación de 26.000 millones de pesos en la obra para modernizar la mina de Río Turbio.

Ahora la lupa de Bonadio cae sobre Máximo Kirchner, quien le dio un poder a un ex socio para evadir los embargos y una sucesión de hechos podría desembocar en el eventual pedido judicial de desafuero. El detonante serían las millonarias cuentas, imposibles de conciliar, respecto de su patrimonio y sus gastos declarados.

Hace poco más de diez días el diputado Máximo corrigió su declaración jurada ante la AFIP. Los gastos personales reconocidos originalmente en 2016 habían sido 40 veces superiores a los declarados en 2015. Esto es, 20 millones de pesos en un año, o 1.700.000 pesos al mes, o 57.000 pesos por día. Es una moneda. Y más para alguien austero como el hijo de los Kirchner.

Máximo Kirchner sacó $ 20 millones durante 2016 y vació sus plazos fijos. En la corrección de su declaración Máximo sostuvo que 20 millones de pesos que había sacado de plazos fijos en los primeros meses del año pasado no fueron gastados, sino que habían ido a parar a una caja de seguridad. Un pequeño detalle que se había escapado de su primera declaración.

Ante tanta duda y confusión, el juez Claudio Bonadio -que tiene bajo investigación a Cristina Fernández y sus hijos en la causa Los Sauces- le pidió el lunes pasado a la AFIP, con carácter de «urgente», un informe muy detallado sobre patrimonio, cuentas y movimientos de dinero del diputado y jefe de La Cámpora.

El informe del organismo que lidera Alberto Abad podría estar listo en un par de semanas, dicen desde los tribunales de Comodoro Py. Si el estudio de los expertos impositivos no aclara la constelación de puntos oscuros, quizás Bonadio elija hacer más profunda la investigación sobre Máximo y pida a la Cámara de Diputados que considere definir si debe seguir amparado por los fueros que impiden la detención de cualquier legislador.

Cristina Fernández, que estaría en una situación similar a la de su hijo, no quedaría sujeta por ahora a estas eventuales medidas del juez. Ella había declarado un gasto personal anual cercano a los 75 millones de pesos. Después hizo su corrección ante la AFIP y aclaró que eran poco más de 3.000.000 de pesos lo gastado en 2016.

Bonadio se habría topado con otros datos erróneos o equívocos, pero no siempre en contra de la ex Presidenta. Comprobó, por ejemplo, que los 22 plazos fijos constituidos con dinero de la herencia de Néstor Kirchner, que según se denunció Cristina no había declarado rehuyéndolos del fisco, eran en realidad 9 colocaciones y por un monto menor a los 5 millones de dólares mencionados.

Bonadio, además, debe resolver un tema que atañe a la ex Presidente. Se trata del pedido de citación a indagatoria que presentó el fiscal Gerardo Pollicita por la denuncia de encubrimiento a ciudadanos iraníes en el ataque a la AMIA. Es la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuatro días antes de que lo asesinaran en su departamento de Puerto Madero.

Pollicita había pedido la indagatoria de CFK en los primeros días de setiembre. Bonadio en efecto decidiría llamar a indagatoria a Cristina por el pacto con Irán antes del domingo electoral de octubre. Pero quizás fije la fecha de declaración para después de esos comicios. En todo caso Bonadio se igualaría a su colega Julián Ercolini, quien en agosto había fijado para el 9 de noviembre la declaración indagatoria de Cristina por el caso Hotesur, y para los días 13 y 15 las de Máximo y Florencia. Están los tres acusados de asociación ilícita.