Carrió presentó el pedido de juicio político contra Lorenzetti

La iniciativa, de 88 páginas, fue presentada este mediodía en la Cámara de Diputados, denunciando «mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos». «El presidente del Máximo Tribunal no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce», agrega el pedido de juicio político.

“El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, sostiene la diputada de la Coalición Cívica – ARI en los fundamentos de su proyecto de resolución. “Coincidimos y compartimos con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la necesidad de terminar con el comportamiento mafioso y en la batalla que debemos emprender para sacarlos del poder, ese que muchas veces es usado para extorsionar y erosionar los cimientos de la República”, agrega.

La batalla judicial incluye a la jueza federal a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº1, María Romilda Servini de Cubría, que también recibió una carta a documento de Lorenzetti, en la que la acusó de «presionar a la Corte» con declaraciones públicas. Servini acusó al presidente del Máximo Tribunal de influenciar el fallo que reestableció el límite de 75 años para el ejercicio de la función de los jueces, con el objetivo de desplazarla de una causa en la que Carrió denunció a Lorenzetti.

El enfrentamiento entre Lorenzetti y Carrió pone a Mauricio Macri en un lugar incómodo ya que el mandatario manifestó públicamente su confianza en el presidente de la Corte.

La dirigente de Cambiemos involucra al ministro del Máximo Tribunal con la «ausencia de transparencia en su patrimonio»; con la «usurpación de facultades legislativas»; con mutuales crediticias que cambiaron por efectivo, a cambio de una alta comisión, los cheques que los clubes recibían del «Fútbol para todos»; con la concentración del manejo de los fondos económicos y administrativos del Poder Judicial; con la manipulación de los sorteos de jueces; con abusar de su poder para extorsionar a la AFIP y hasta de proteger al narcotráfico.

«Se entregará la documentación que prueba hechos de gravedad institucional y un análisis sobre la matriz de relaciones, que incluye sociedades secretas a fin de cooptar a sectores importantes del Poder Judicial, en beneficio de intereses empresarios, corporativos y sindicales, con el fin de garantizar la impunidad», advirtió el pedido de juicio político presentado por Carrió.

En la presentación, la diputada y dirigente de Cambiemos pidió que sean citadas a declarar como testigos los jueces Servini y Ariel Lijo; el ex secretario general de la Presidencia Carlos Zanini; el diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto y su antecesor en el cargo, Leandro Despouy, entre otros.

En un comunicado, Carrió explicó las «causales de juicio político».

Causales de Juicio Político

Antecedentes del Dr. Ricardo Lorenzetti.

Su llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De su oscuro patrimonio.

Lorenzetti vive en Puerto Madero, en un departamento sobre Olga Cossenttini. Parecería pertenecer a Ratio S.A., una firma que se dedica a los «servicios inmobiliarios» y posee domicilio fiscal en Sarmiento al 400, en Rafaela. En esa dirección figuran servicios a nombre de Pablo Ricardo Lorenzetti, el mayor de los hijos del presidente de la Corte. Sin embargo, Lorenzetti no incluyó ningún departamento en Puerto Madero como propio en el apartado «bienes inmuebles en el país o en el extranjero”.

De la usurpación al Congreso de facultades legislativas para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública. La ausencia de transparencia en su patrimonio.

En primer lugar, el sistema de declaraciones juradas patrimoniales que impuso Lorenzetti para los miembros de la Corte Suprema es un sistema preparado deliberadamente para evadir la ley de ética en el ejercicio de la función pública y no exhibir el patrimonio de los jueces de la CSJN. El sistema de consulta de las declaraciones juradas no funciona. En segundo lugar, ante presentaciones que hicieron los diputados Carrió y Sánchez los jueces de la CSJN sí entregaron las declaraciones juradas. Pero con otra particularidad: las declaraciones juradas no individualizan la cantidad de bienes, como tampoco cuántos automotores tienen, ni acciones en qué sociedades ni su porcentaje, sin cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 de la ley de ética pública.

“Pyme Rural”. Canje de cheques de clubes de futbol. ¿Una mutual como pantalla de una financiera?

Tal como denunció Carrió ante el Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de la Dra. María Romilda Servini en la causa conocida como “Futbol para Todos” la mutual Pyme Rural se investiga en esa causa porque cambió cheques de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y distintos clubes de fútbol. El 54% del padrón de asociados de Pyme Rural realizaron su adhesión el mismo día, el 15 de mayo del 2015, entre ellos el Presidente de la Corte, sus hijos, socios y demás familiares.

Oscura e irregular matriz administrativa del Poder Judicial de la Nación.

La transferencia de estructuras propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentra en contraposición al artículo 114 de la Constitución Nacional. El proceso de desarticulación de los mecanismos de participación en la toma de decisiones y de control interno de la administración y/o gestión de los recursos económicos, financieros y de recursos humanos del Poder Judicial de la Nación y el manejo discrecional de millonarios fondos extrapresupuestarios. Debilidad y ausencia del procedimiento de control interno. Concentración de las decisiones e inconsistencia en la administración de la Caja y la rendición de cuentas

Cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia.

Estructuras fundamentales en el control de la actividad del Consejo y del manejo de sus recursos presupuestarios habrían quedado en manos de personas estrechamente vinculadas a Lorenzetti, como es el caso del Secretario General de Administración, Marchi. A esta cooptación debe agregarse la “restitución” a la órbita de la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de oficinas cuya actuación debía quedar sujeta al Consejo de la Magistratura. Este proceso de cooptación habría culminado con la creación del “Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial de la Nación”.

Nadie controla a Lorenzetti: la destrucción del sistema de control interno.

El Consejo de la Magistratura cuenta con un sistema de control del manejo de los recursos económicos muy básico y muy limitado que habría sido marcadamente diluido a partir del año 2007, año en que asume la Presidencia de la Corte Suprema Lorenzetti.

Intento de no ser auditados. La disimulada negativa a la intervención de la Auditoría General de la Nación.

La pelea por la caja judicial durante las leyes de Cristina Kirchner para someter al poder judicial.

Cuenta cómo Lorenzetti adulteró la carta que le envió a la Presidenta, Cristina Kirchner, y que los Camaristas Federales habían redactado preocupados por la ley de reforma al Consejo de la Magistratura. El Presidente de la Corte había acordado con la mandataria previo al tratamiento en el Diputados los cambios en el proyecto traicionando la independencia de los jueces. Habría sido en una conversación entre ambos que Lorenzetti consiguió una concesión inconstitucional: que sería el máximo tribunal, y no el Consejo de la Magistratura como estipulaba el proyecto original, el que conservará parte de la administración de todo el Poder Judicial.

Sospechosos sorteos de la justicia: irregularidades en el sistema de informatización del poder judicial.

La empresa ganadora de la adjudicación del sistema informático, Atos Origin – Base 100, vinculada a Lorenzetti, en una licitación con sospechas de graves irregularidades es fuertemente criticada por sus graves deficiencias y limitaciones.

Carteles digitales: otra contratación irregular.

Se analizan varias contrataciones irregulares.

Discrecionalidad de los fondos anticíclicos.

El manejo irregular y discrecional de la obra social.

El Secretario General de Administración, Marchi, a través de una resolución de la Corte obtuvo la custodia y administración de los fondos remanentes de la Obra Social del Poder Judicial sospechados de irregularidades y sin cumplir la finalidad de cualquier Obra Social que no es otra que la prestación de los servicios médicos- asistenciales de los afiliados.

Irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución del presupuesto.

Crecimiento del personal de la corte. Ausencia de los deberes éticos: designación y asignación arbitraria del personal.

Particular interés de Lorenzetti de intervenir en causas sensibles. Cuerpo de peritos del poder judicial.

Lorenzetti creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Publica, hoy integrado por unos pocos peritos de su confianza “absorbiendo” las causas más sensibles, a fin de sumar cada vez más poder.

Posible uso extorsivo de su poder en la AFIP de Santa Fe.

Se investiga si el Presidente de la Corte actuó como un puntero político que fue colocando en ese lugar clave del Estado Nacional personas de su confianza. Lorenzetti te escucha. El aparato de inteligencia paralelo que está construyendo a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos), todo manejado sin independencia o con un disfraz de independencia que queda a cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el Presidente de la Corte, quienes están en puestos claves.

Manejo discrecional de los bienes decomisados en manos de la Corte a costa de la lucha contra el narcotráfico.

Los bienes decomisados en causas relacionadas al narcotráfico deben ser destinados a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo. Sin embargo, los bienes decomisados se utilizan para gastos de la Corte.

Negocio personal en nombre de su prestigio al frente de la Corte. Violación de los deberes éticos.

Se cuenta sus negocios con la editorial Rubinzal Culzoni.

Sombríos intereses en la provincia de Salta.

El ex juez federal Reynoso y sus vínculos con el narcotráfico.

El juicio político analiza la relación entre Lorenzetti y Reynoso, procesado en diciembre de 2015 por la justicia por haber beneficiado a narcotraficantes. Dos meses antes, en octubre de 2015 el ex juez Reynoso conformó la Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico convocada por Lorenzetti.