Caso Loan: Tribunal Oral Federal rechaza traslado a justicia provincial y mantiene la causa en su jurisdicción

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió este martes mantener la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 10 años que se encuentra desaparecido desde el 13 de junio de 2024, bajo su competencia. La decisión rechazó un pedido de varias defensas para remitir el expediente a la justicia provincial, argumentando que el caso ya está avanzado y debe proceder a juicio oral sin fragmentaciones procesales.

El fallo, emitido por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni –con la secretaría de Estefanía Daniela Acosta–, responde a una excepción de incompetencia presentada por los defensores de los imputados. Estos alegaron que, tras la instrucción, no subsisten hipótesis federales como trata de personas o crimen organizado, y que el delito principal –sustracción de menores, tipificado en el artículo 146 del Código Penal– corresponde a la jurisdicción ordinaria provincial.

La causa se originó en el fuero provincial con una imputación inicial por abandono de persona (artículo 106 del Código Penal), pero fue elevada a la justicia federal por su repercusión pública y sospechas iniciales de trata. El Juzgado Federal de Goya llevó adelante la mayor parte de la investigación, que ahora se encuentra elevada a juicio con pruebas ofrecidas y lista para el debate oral.

Argumentos de las defensas

El defensor público Enzo Mario Di Tella, en representación de Bernardino Antonio Benítez, fue el primero en plantear la incompetencia. Sostuvo que «la investigación concluyó que no existe delito de trata de personas, ni crimen organizado ni delitos contra la integridad sexual», y que la competencia federal es «excepcional y restrictiva», limitada a los supuestos enumerados en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y el artículo 33 del Código Procesal Penal.

En similar línea, el doctor Richard Iván Vallejos, defensor de Walter Adrián Maciel, cuestionó la constitucionalidad de la resolución provincial que habilitó el traslado inicial al fuero federal. Argumentó que la acusación se redujo a un hecho de competencia ordinaria y que mantener el caso en lo federal vulnera el principio de juez natural e imparcial.

Se adhirieron al pedido los defensores de Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar Ramírez; la doctora Mónica G. Chirivin, por Laudelina Peña; y el doctor Ernesto Tito González, por Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. Este último enfatizó que la sustracción de menores no es un supuesto típicamente federal y que la repercusión mediática no puede determinar la competencia. Todos coincidieron en la ausencia de una organización criminal interjurisdiccional o conexidad con otros delitos federales.

Posición de la querella y la fiscalía

Por el contrario, la querella representando a los padres y al hermano de Loan –María L. Noguera, José Peña y Mariano Peña–, a cargo del doctor Gustavo Alejandro Sánchez, se opuso firmemente al cambio de fuero. Sánchez argumentó que la desaparición del menor «no está resuelta» y persiste un «cuadro que se asemeja a una grave violación de derechos humanos», especialmente por la involucración de funcionarios y fuerzas de seguridad provinciales. Advirtió que retornar a la justicia de Corrientes expondría el proceso a un fuero local «comprometido» con los imputados, citando jurisprudencia de casos como Julio López e Iván Eladio Torres vs. Argentina. Acusó a la estrategia defensiva de buscar «recortar el objeto procesal para favorecer la impunidad».

El fiscal general ante el Tribunal, doctor Carlos A. Schaefer, también solicitó rechazar la excepción, destacando que la causa está «a las puertas del debate» y que un traslado generaría dilaciones innecesarias, afectando el plazo razonable del proceso.

Fundamentos del tribunal

En su resolución, el Tribunal Oral Federal subrayó la interrelación de los hechos y la comunidad de pruebas, lo que impide fragmentar la causa en bloques federales y provinciales. Además de la sustracción de menores, se investigan delitos como privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad federal y usurpación de insignias profesionales.

El tribunal enfatizó que el menor «continúa desaparecido», con tareas de búsqueda en curso, y que la competencia federal no se define por presión mediática ni clima político, sino por la gravedad institucional del caso. Priorizó la seguridad jurídica, la economía procesal y la necesidad de una sentencia pronta para la familia y la sociedad. Indicó que, con el expediente ya elevado a juicio, corresponde fijar fecha para la audiencia de debate oral.

Próximos pasos

Con esta decisión, el proceso avanzará en el fuero federal hacia la etapa de juicio, donde se evaluará la responsabilidad penal de los imputados y se profundizará en la búsqueda de la verdad sobre la desaparición de Loan Peña, ocurrida en el paraje rural de Algarrobal, departamento de San Roque.

Este miércoles, los padres de Loan se presentarán a las 13:30 en Comodoro Py, en el marco de las audiencias relacionadas con el caso. La resolución genera expectativa sobre el desarrollo del debate, en un expediente que ha conmocionado a nivel nacional por la ausencia prolongada del niño.