Caso Loan: Una decisión judicial abre nueva esperanza en la búsqueda del niño desaparecido

En un giro que podría resultar decisivo para desentrañar el misterio que envuelve la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años que lleva más de un año ausente, el Juzgado Federal de Goya emitió una resolución clave este sábado. La medida, que autoriza rastrillajes exhaustivos en lagunas cercanas al lugar de los hechos, representa un avance significativo en la investigación y ha sido calificada por el abogado de la familia como un «punto de inflexión» en la causa.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en la zona rural de El Algarrobal, a metros de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Tras compartir la comida con sus parientes, el menor salió junto a otros niños a recolectar naranjas en las inmediaciones. Desde ese momento, su paradero es un enigma que ha movilizado a la Justicia, la Policía y a la comunidad entera. La denuncia se presentó de inmediato, pero pese a los esfuerzos iniciales, el caso se ha prolongado en un laberinto de hipótesis y detenciones que aún no han arrojado respuestas concluyentes.

La resolución judicial N° 527/2025, dictada por la jueza federal María Carolina Pozzer Penzo el 8 de noviembre de 2025, marca un cambio de paradigma en la estrategia investigativa. Por primera vez, se ordena un allanamiento múltiple y coordinado en cuatro lagunas que rodean la propiedad rural del matrimonio formado por Carlos Pérez –un capitán de navío retirado– y Victoria Caillava, uno de los focos principales de la pesquisa. Estos rastrillajes, que se extenderán por 50 días corridos a partir del 10 de noviembre, contarán con la participación de un Comando Unificado liderado por la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, el Servicio de Investigación Federal de Búsquedas (SIFEBU), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y organismos ambientales provinciales.

La magistrada enfatizó la urgencia de las diligencias, habilitando incluso días y horas inhábiles para evitar demoras. El plazo culminará el 29 de noviembre de 2025, y la operación se centrará en la búsqueda de indicios, vestigios o cualquier prueba material que pueda reconstruir el último rastro del niño. «Esta resolución no solo acelera la búsqueda, sino que redefine el rol del Estado provincial, permitiendo la colaboración del Ministerio de Seguridad de Corrientes bajo una supervisión federal estricta», detalla el documento judicial, que prohíbe explícitamente cualquier acceso no autorizado a la investigación o a los elementos probatorios.

Un aspecto particularmente innovador es la inclusión activa de la familia Peña en el proceso. La querella, representada por el letrado Alejandro Vecchi, podrá designar observadores, proponer peritos independientes y acompañar las diligencias in situ, recibiendo informes directos bajo el control judicial. «Es un gesto de empatía y un reconocimiento al derecho de las víctimas a participar. Esta decisión podría ser clave para saber qué ocurrió con Loan», afirmó Vecchi en declaraciones a este medio, subrayando la coordinación interinstitucional como un hito en un caso marcado por tensiones y demoras.

El contexto del caso Loan ha sido uno de los más sensibles en la Justicia argentina reciente. Tras la desaparición, varias personas presentes en el almuerzo familiar fueron detenidas: los tíos del niño, Antonio Benítez y Laudelina Peña; Daniel «Fierrito» Ramírez y su esposa Mónica Millapi; y el mencionado matrimonio Pérez-Caillava. Las imputaciones giran en torno a posibles encubrimientos o participación en la desaparición, aunque ninguna confesión ha aclarado el destino del menor. En septiembre de 2025, la Cámara Federal de Corrientes otorgó una prórroga de 60 días para finalizar la investigación, una medida que fue apelada ante la Cámara de Casación Penal por el Ministerio Público Fiscal, la PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN CRÍMENES COMPLEJOS (PROTEX), los padres y hermanos de Loan, y los letrados querellantes. Argumentaron que el plazo podía comprometer la verdad y abrir la puerta a la impunidad.

La jueza Pozzer Penzo, consciente de estos riesgos, priorizó en su resolución la «pureza procesal» y el avance concreto de las pruebas. «La justicia no se reduce a un calendario administrativo cuando se trata de la desaparición de un niño», escribió en el fallo, enviando un mensaje ético y político que resuena en un país donde los casos de infancias vulneradas generan indignación colectiva.

Mientras los equipos se preparan para los rastrillajes –que comenzarán este lunes sin pausas–, la familia Peña mantiene viva la esperanza en medio del dolor. «Queremos respuestas, no más plazos», había expresado previamente la madre de Loan en una rueda de prensa. Con apelaciones pendientes y un reloj que no se detiene, esta nueva etapa podría ser el hilo que deshilvane el enigma de El Algarrobal.