La indignación social ha tomado las plazas españolas en una movilización histórica que ya muchos comparan con el espíritu del 15M. Lo que comenzó como una protesta aislada en la Puerta del Sol de Madrid se ha transformado en un fenómeno nacional. Decenas de acampadas por la vivienda se multiplican en ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga, Santander y Las Palmas, reflejando la desesperación de una ciudadanía asfixiada por los precios del mercado inmobiliario.
El detonante emocional que encendió la mecha fue el dramático desahucio de Maricarmen, una jubilada de 87 años expulsada de su hogar de toda la vida tras una subida inasumible del alquiler. Su caso visibilizó una realidad estructural: en la última década, los alquileres en España se han disparado un 87%, mientras que los salarios apenas han crecido un 30%. Con los precios de los pisos marcando máximos históricos mes a mes, la emancipación juvenil y el acceso a un techo digno se han vuelto utopías.
La tensión social escaló tras el bloqueo político en el Congreso de los Diputados, donde se rechazaron dos decretos ley de emergencia propuestos por el Gobierno para topar los precios. Ante la falta de respuestas institucionales, las calles respondieron con manifestaciones masivas que congregaron a cientos de miles de personas. Colectivos civiles y sindicatos de inquilinos lideran ahora una ofensiva que no solo busca mantener los campamentos urbanos, sino que ya amenaza con convocar una huelga general de alquileres si no se aplican medidas drásticas de forma inmediata. España duerme en la calle, no por ocio, sino para exigir el cumplimiento de un derecho constitucional básico.