Detuvieron a activistas de Greenpeace en el Congreso durante protesta contra la reforma a la Ley de Glaciares

Un grupo de activistas ambientales fue detenido esta mañana en la explanada del Congreso de la Nación tras irrumpir en el perímetro del Palacio Legislativo para manifestarse en contra de la reforma a la Ley de Glaciares (Ley 26.639), que se debatía horas después en el Senado.

Según reportes de múltiples fuentes periodísticas y la propia organización involucrada, al menos 12 activistas de Greenpeace —de los cuales nueve eran mujeres— saltaron las rejas perimetrales del edificio y realizaron una intervención simbólica en las escalinatas. Los manifestantes se sentaron en inodoros y desplegaron un cartel con la leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”, en referencia al riesgo que, según ellos, representa la modificación normativa para las fuentes de agua dulce del país.

La protesta, descrita por Greenpeace como una “acción directa y pacífica” de resistencia simbólica, duró pocos minutos. Efectivos de la Policía Federal Argentina intervinieron rápidamente, utilizando gas pimienta para dispersar a los participantes. Durante el operativo se produjeron forcejeos y, según testigos y registros audiovisuales, un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, resultó afectado: quedó con el rostro lastimado, esposado y detenido junto a los activistas. Periodistas presentes, incluida una cronista, también fueron impactados por el aerosol irritante.

Las detenciones totalizaron 13 personas (12 activistas y el camarógrafo), bajo la carátula de “averiguación de delito”, de acuerdo con fuentes policiales. Ningún efectivo resultó herido en el incidente. Las aprehensiones se mantuvieron al menos hasta la mañana siguiente, según indicaron fuentes consultadas.

El contexto de la manifestación se enmarca en el rechazo de organizaciones ambientalistas a las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional a la Ley de Glaciares. La norma vigente, sancionada en 2010, protege glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades mineras en esas zonas por su ubicación geográfica.

El proyecto en debate en el Senado busca transferir a las provincias la facultad de determinar las áreas habilitadas para explotación, incorporando criterios como “aporte hídrico relevante y comprobable” para redefinir los espacios protegidos. El oficialismo argumenta que esta flexibilización atraería inversiones significativas, especialmente en proyectos de cobre y minería, reconociendo el dominio provincial sobre los recursos naturales (artículo 124 de la Constitución Nacional). El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) mantendría la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

Desde Greenpeace y otras ONG ambientalistas, la reforma es calificada como “regresiva e inconstitucional”, ya que —según sostienen— quebraría el sistema de presupuestos mínimos ambientales, generaría inestabilidad jurídica y comprometería el acceso al agua de millones de personas, un derecho amparado por la Constitución.

Diego Salas, director de programas de Greenpeace Argentina, declaró: “Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental”.

El debate en el Senado comenzó a las 11 horas, en una sesión especial que también incluyó otros temas como el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego de un embajador. La protesta ocurrió en la previa, en medio de un operativo de seguridad reforzado en los alrededores del Congreso.

Hasta el momento, no se registraron pronunciamientos oficiales del Gobierno o de la Policía Federal respecto a las detenciones o el uso de gas pimienta. Diversos medios y organizaciones continúan siguiendo el desarrollo de la sesión legislativa y las consecuencias de la intervención policial.