Diputados aprobó la baja de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este jueves media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años para adolescentes que cometan delitos graves. La iniciativa, impulsada por el gobierno nacional y respaldada por bloques aliados, fue aprobada en una sesión especial extensa que también incluyó el tratamiento del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

El debate, que comenzó a las 11 horas con quórum de 129 diputados presentes, se extendió durante horas con intervenciones que reflejaron divisiones marcadas. El oficialismo —encabezado por La Libertad Avanza (LLA)— contó con el apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el MID y varios bloques provinciales (como Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo). El dictamen de mayoría, avalado previamente en comisiones con alrededor de 75-81 firmas, fue ratificado tanto en general como en particular.

La oposición, liderada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, rechazó el proyecto. Argumentaron que no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil, adopta un enfoque excesivamente punitivista y podría incumplir estándares internacionales de derechos del niño. Señalaron también la insuficiencia presupuestaria para medidas alternativas y el riesgo de estigmatizar a adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Principales puntos del proyecto aprobado

• Edad de imputabilidad: Se fija en 14 años para delitos graves (homicidio, abuso sexual, secuestro, robo agravado con violencia, entre otros).
• Pena máxima: Hasta 15 años de prisión (sin posibilidad de perpetua).
• Privación de libertad: Reservada como último recurso; se priorizan medidas alternativas socioeducativas, reparación a víctimas, probation y servicios comunitarios para delitos con penas inferiores a 10 años.
• Otras disposiciones: Creación de supervisores para seguimiento, resguardo de la identidad de los menores y asignación presupuestaria específica para implementación, incluyendo infraestructura y programas de contención.

El oficialismo celebró el resultado como un avance en su agenda de seguridad, en un contexto de creciente demanda social por respuestas ante casos de violencia juvenil reincidente. La oposición, en cambio, criticó el carácter «reactivo» de la norma y defendió enfoques más preventivos y restaurativos.

El proyecto ahora pasa al Senado para su revisión y posible sanción definitiva. El gobierno planea impulsarlo en sesiones extraordinarias, con expectativas de avanzar rápidamente dada la aritmética favorable en la Cámara alta, aunque podrían surgir modificaciones o debates adicionales.

El tratamiento generó cruces intensos en el recinto, incluyendo acusaciones cruzadas y referencias a víctimas de delitos. Fuentes coinciden en que la coalición oficialista ampliada —fortalecida tras las elecciones de medio término— fue clave para el resultado.