Diputados rechaza el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y asesta un golpe al Gobierno

En una sesión cargada de tensión, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad con una contundente mayoría de 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, logrando los dos tercios necesarios para insistir en la sanción original del Congreso. Este resultado representa un duro revés para el Gobierno nacional, que había justificado el veto por el supuesto impacto fiscal de la norma. Ahora, el debate se trasladará al Senado, donde la oposición deberá ratificar el rechazo para que la ley entre en vigencia.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada inicialmente el 10 de junio de 2025 por amplia mayoría en ambas cámaras, declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. La norma busca garantizar el financiamiento de pensiones no contributivas, actualizar automáticamente los aranceles de prestaciones por inflación, asegurar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y mejorar las condiciones de empleo en talleres protegidos, entre otras medidas. Sin embargo, el 4 de agosto, Milei vetó la ley, argumentando un costo fiscal estimado por el Gobierno en más de 7 billones de pesos para 2025, una cifra cuestionada por la oposición y desmentida por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó un impacto de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

El debate en Diputados contó con el respaldo de bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y un sector de la UCR, además de dos legisladores libertarios disidentes, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, enfrentados con el oficialismo. La sesión, que comenzó pasadas las 12 del mediodía, estuvo marcada por críticas al Gobierno. El diputado Alejandro Vilca (Frente de Izquierda) calificó a Milei de “cobarde al servicio del Fondo Monetario Internacional” por atacar a sectores vulnerables, mientras que Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) señaló que el Gobierno prioriza gastos como el sostenimiento del dólar, con un costo de 500 mil millones de pesos mensuales, pero no destina recursos a las personas con discapacidad. “No se trata de gastar más, sino de gastar bien”, afirmó Stolbizer.

La diputada Victoria Borrego (Coalición Cívica) acusó al Ejecutivo de violar la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mientras que Danya Tavela (Democracia para Siempre) denunció que el ajuste del Gobierno “no fue a la casta, sino a los más vulnerables”. Por su parte, el diputado Daniel Arroyo, autor de la ley, destacó que un reciente fallo judicial en Campana, que declaró inconstitucional el veto, refuerza la obligación del Estado de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Horas antes de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó desactivar el debate anunciando en redes sociales que el Gobierno “consideraba” un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad, financiado con auditorías a pensiones mal otorgadas. Sin embargo, el mensaje fue recibido con indignación por la oposición, que lo calificó de insuficiente y oportunista, y no logró frenar la avanzada opositora.

El rechazo al veto en Diputados se suma a un fallo del Juzgado Federal de Campana, que el pasado 18 de agosto declaró inconstitucional el veto en respuesta a un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad. Aunque el fallo tiene alcance limitado, sienta un precedente para futuros reclamos judiciales. En tanto, organizaciones de discapacidad se movilizaron en la Plaza del Congreso y en Plaza de Mayo, exigiendo la defensa de la ley y denunciando el abandono estatal.

El desenlace en el Senado será crucial. Si la cámara alta logra los dos tercios necesarios, la Ley de Emergencia en Discapacidad entrará en vigencia, marcando un hito en la protección de los derechos de uno de los sectores más vulnerables del país y un nuevo desafío para el Gobierno de Milei en su búsqueda de mantener el “déficit cero”.