Doble femicidio en Córdoba: confirman que el remisero Martín Palacios es la tercera víctima de Pablo Laurta, el ideólogo antifeminista

En un giro escalofriante que sacude al país, la Justicia de Entre Ríos confirmó este martes que el cuerpo desmembrado hallado en un camino rural de Puerto Yeruá pertenece en un 99% al remisero Martín Sebastián Palacios (49), quien había sido contratado por Pablo Rodríguez Laurta (39) para un viaje desde Concordia hasta Córdoba. Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio de su expareja Luna Micaela Giardina (26) y su exsuegra Zoraida Mariel Zamudio (54), ahora enfrenta una imputación por homicidio calificado «criminis causa», sumándose a los cargos por doble asesinato y secuestro de su hijo de 5 años, rescatado sano e ileso.

El caso, que ha conmocionado a la sociedad argentina por su brutalidad y el perfil del acusado –un uruguayo militante de discursos antifeministas–, revela un plan criminal meticulosamente orquestado. Fuentes judiciales de la Fiscalía de Córdoba y Entre Ríos describen a Laurta como un «asesino serial en potencia», con evidencias que lo vinculan directamente a tres homicidios en menos de una semana. «No fue un arrebato; practicó para cruzar el río Uruguay en kayak y borrar sus huellas, eliminando testigos en el camino», explicó el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en una conferencia de prensa matutina.

Una cronología de horror: del cruce ilegal al triple crimen

Los hechos se remontan al 7 de octubre, cuando Laurta, huyendo de denuncias por violencia de género en Uruguay, ingresa ilegalmente a Argentina remando en una canoa desde Salto. Días antes, había alquilado una cabaña en esa ciudad para entrenar durante diez días su escape acuático, con la intención de regresar de la misma forma junto a su hijo. Su primer objetivo: contactar a Palacios, un remisero de Concordia con quien ya había viajado previamente y con quien se saludó afectuosamente –con un beso en la mejilla– frente a una terminal de ómnibus, según imágenes de cámaras de seguridad captadas a las 20 horas.

Palacios, padre de familia y conductor de un servicio premium con vehículos de alta gama como un Toyota Corolla, partió desde Buenos Aires para un «traslado ejecutivo» valorado en 1.500.000 pesos. El destino oficial era Rafaela, Santa Fe, pero Laurta lo desvió hacia Córdoba para consumar su venganza. Fuentes de la investigación revelan que el remisero «se enteraría de todo» durante el trayecto, convirtiéndose en un testigo inconveniente. Su celular se apagó pasada la medianoche en Santa Fe, y su vehículo apareció incendiado dos días después en el barrio Villa Retiro, al norte de Córdoba.

El 9 de octubre, Laurta llega a la casa de Giardina en el barrio Villa Serrana. Armado con una pistola Bersa calibre .380 –encontrada en su poder y registrada a su nombre–, irrumpe y dispara a traición contra las dos mujeres, quienes no alcanzaron a activar el botón antipánico otorgado por la Justicia cordobesa tras denuncias previas de violencia. Giardina, quien había huido a Córdoba en diciembre de 2024 tras un intento de estrangulamiento por parte de Laurta, y su madre Zamudio, murieron en el acto. El agresor huye con su hijo Pedro (5), activando la Alerta Sofía a nivel nacional.

La captura y las pruebas incriminatorias

La fuga de Laurta se extendió por tres provincias, pero un error fatal lo delató: el rastreo de celdas telefónicas de uno de sus cinco celulares lo ubicó en el Hotel Berlín de Gualeguaychú. Detenido el domingo en la habitación 209 junto a su hijo –quien fue entregado sano a familiares–, los allanamientos arrojaron dólares en efectivo, múltiples teléfonos y, lo más revelador, la billetera de Palacios con sus documentos intactos. «Esto cierra el círculo; Laurta lo mató para no dejar cabos sueltos», afirmó la fiscal Daniela Montangie.

Este lunes, un cuerpo decapitado y desmembrado fue hallado en Puerto Yeruá, a metros del arroyo donde Laurta planeaba su escape final. Peritajes forenses, incluyendo tatuajes tribales en el bíceps derecho y brazo izquierdo de la víctima, confirman la identidad de Palacios en un 99%. No se descartan vínculos con otros dos homicidios –incluyendo el de dos niñas–, aunque la Fiscalía prioriza los cargos actuales.

El perfil del victimario: de «Varones Unidos» al terror machista

Laurta no es un desconocido en el ecosistema digital del odio. Creador del sitio «Varones Unidos», una plataforma que niega la violencia machista y promueve una «perspectiva masculina» en debates de género, el uruguayo se victimizaba en artículos publicados en su propio medio. Acusaba al «sistema judicial feminista de Córdoba» de «secuestrar» a su hijo y legitimar denuncias falsas de Giardina, a quien describía como una amenaza. En textos como «Restaurando la cooperación entre los sexos», definía la feminidad como «complemento natural de la esencia masculina», alineándose con figuras como Agustín Laje y Nicolás Márquez en eventos conservadores.

«Este caso expone cómo el discurso de odio se traduce en violencia letal», denunció la ministra de la Mujer de Córdoba, Laura Vilches, al recordar que Giardina había radicado múltiples denuncias ignoradas. Laurta, quien se presentaba como empresario de medios digitales, enfrenta ahora pericias psiquiátricas en la cárcel de Bouwer, Córdoba, donde será trasladado.

Repercusiones: un país en luto y la demanda de justicia

El triple crimen ha desatado marchas espontáneas en Córdoba y Buenos Aires, con colectivos feministas exigiendo reformas en la aplicación de la Ley Micaela y mayor protección a víctimas de violencia. «No más muertes anunciadas», corearon manifestantes frente a la Casa de Gobierno cordobesa. Mientras, la familia de Palacios –quien deja dos hijos– llora en Concordia: «Era un hombre trabajador, confiable; nunca imaginamos esto», dijo su hermana en un breve testimonio.

La investigación, a cargo de las fiscalías de Gerardo Reyes (Córdoba) y Montangie (Entre Ríos), avanza con allanamientos en Uruguay y análisis balísticos de la Bersa. Laurta, extraditable, podría enfrentar cadena perpetua. En un país que registra un femicidio cada 30 horas, este caso no solo busca justicia, sino un freno al ciclo de terror que comienza en las redes y termina en sangre.