El aumento a jubilaciones y pensiones dejó abierta la posibilidad de juicios contra el Estado

Con el anuncio del Gobierno, del viernes pasado, sobre el incremento para jubilaciones y pensiones para el trimestre marzo, abril y mayo, ha dejado abierta la posibilidad de litigio contra el Estado. Dialogamos con el abogado previsionalista, Christian D’Alessandro quien se refirió a la difícil tarea de sacar de la pobreza a millones de adultos mayores y pagar lo que corresponde a quienes cobras los haberes más altos. «Unos 6,9 millones de  y pensionados, como los 1,5 millones de pensionados no contributivos, los 9 millones de beneficiarios por asignaciones familiares, los 4 millones que reciben la Asignación Universal por Hijo y asignación por embarazo, entre otros, recibirán una suma fija de $1.500 más un 2,3%, lo que equivale un incremento del 13% para los ingresos más bajo. El sostenimiento del sistema previsional, quedó casi en ruinas tras cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. A junio de 2019, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la cantidad de aportantes sobre beneficiarios era muy inferior a dos y bajó aún más, llegando a poco más de uno, de trabajadores por jubilados con una composición donde el empleo privado formal, apenas llegaba al 50%. En este contexto, la gestión de Alberto Fernández comenzó  por los que menos tienen. Los 3,5 millones de jubilados que cobran la mínima, con el anuncio, percibirán un poco más de $15.890, mientras que los que reciben haberes medios y altos serán relegados con montos menores a cobrar. Por ejemplo, un jubilado que gana $50.000, su aumento será del 5,6%; una pérdida de 5,3 puntos respecto a la fórmula suspendida. Sobre este punto es importante subrayar que, pese a que Alberto Fernández y su equipo quieran justificar el accionar, éste colectivo de prestatarios que más cobran tendrán habilitada la vía judicial amparados en los sendos fallos judiciales. Con una población donde el 80% de los adultos mayores viven en situación de pobreza, equilibrar la balanza será una misión complicada para la administración actual».

*Christian D’Alessandro- abogado previsionalista