El Colegio de Abogados de C.A.B.A. pedirá el juicio político Gils Carbó

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentará en Diputados un puntilloso pedido de juicio político en su contra. “La doctora Gils Carbó ha incurrido en una serie de irregularidades que demuestran, sobradamente, la concurrencia de las causales de mal desempeño y la posible comisión de delitos de acción pública en el ejercicio de sus funciones”, dice una parte de la presentación.

“Es sumamente grave que la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, para nominar fiscales de su personal preferencia en Fiscalías o dependencias claves, haya violado, en reiteradas oportunidades, el mecanismo legalmente previsto para llevar a cabo la designación”, acusan los abogados.

La supuesta siembra de fiscales adictos en distintas oficinas habría comenzado con “las ilegales designaciones resultantes de la cuestionable PROCELAC”, o sea la fiscalía antilavado. Gils Carbó puso allí al cuestionado y ahora renunciado fiscal Carlos Gonella, “el mismo día” que a través de una resolución creó la PROCELAC y“sin concurso de antecedentes ni acuerdo del Senado”

Según la denuncia, la maniobra habría sido ejecutada en dos pasos. Primero, con el nombramiento de Gonella como fiscal general subrogante de la fiscalía general 2 ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba. Segundo, con su designación como fiscal general subrogante en la flamante fiscalía antilavado, presentada como un mero “traslado” funcional.

La procuradora también será denunciada por “cambiar el régimen de selección” de fiscales, eliminando el sorteo como medio de elección de los jurados: “se adjudicó la designación de los magistrados vocales de los tribunales examinadores a su libre arbitrio, es decir, ‘a dedo’”, dicen los abogados, y citan una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que el 10 de mayo pasado declaró la invalidez del régimen creado por Gils Carbó.

Según la denuncia, el sistema de la procuradora permitió designar “directa y arbitrariamente” los jurados de veinte concursos. Otro de los motivos para el pedido de juicio político es “la improcedente practica de cubrir cargos sensibles con fiscales designados para otras jurisdicciones”.

También se denuncia el nombramiento irregular como fiscales de secretarios y funcionarios de la Procuración, y se detallan los casos de Alejandra Cordone Roselló y María Márquez, cuyas intervenciones ya fueron cuestionadas en varios juicios.