Fue el 26 de julio. Yo salía de mi casa (Córdoba), cuando recibí esta carta documento -cuenta Javier Smaldone, de profesión programador-.
» Por lo que tengo entendido, es la primera vez que un funcionario de gobierno intima a un ciudadano por sus expresiones en tuiter”, dijo
La carta documento dice así: ’Mediante la Presente Íntimo (sic) a Usted a rectificarse/retractarse de sus aseveraciones hechas entre el 3 y 4 de julio del 2013 vía Twitter referidas a mi persona, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes consiste en (sic): Querella por Injurias y Demanda Civil de Daños y perjuicios Correspondientes. QUEDA USTED LEGAL Y DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
«Esos días se dijeron muchas cosas producto de la muerte de un aborigen qom llamado Florentín Díaz luego de una represión a una manifestación enel Chaco. Como tantas, su muerte fue reportada como un accidente. Yo, como miles, intervine en tuiter opinando sobre la cuestión. Según me asesoraron, podría haber dicho que no sabía de qué me hablaba. Podría haber desconocido a mi cuenta @mis2centavos de modo tal que Capitanich debiera pedir una verificación de identidad a Twitter. Podría haber dicho que esos días no usé mi cuenta. Pero como no tengo nada de qué arrepentirme, preferí simplemente pedirle que especifique qué de todos mis tuits lo dañaron para ver si corresponde una retractación»
Un detalle es que la carta fue enviada por Capitanich y el domicilio que figura es el de la Casa de Gobierno del Chaco
“Sería muy estúpido pensar que lo acuso de haber asesinado a alguien materialmente, en todo caso desconozco si eso sucedió alguna vez -aclara Smaldone-. Pero sí quise señalar una responsabilidad política”.
Los actos de gobierno están sujetos a la opinión de los particulares y estas opiniones esta protegidas por la Constitución. Cuando se empiezan a restringir queda prohibida la posibnilidad de que los particulares opinen sobre los actos públicos y se impone así una mordaza. La libertad de expresión es laposbilidad de la gente de opinar sobre las cosas que pasan. Como personaje público, el gobernador tiene el deber de responder sobre sus actos