El Gobierno avanza en la reglamentación de la reforma laboral y busca blindarla ante judicializaciones

El Poder Ejecutivo ya trabaja en la reglamentación de la reforma laboral aprobada por el Congreso, con el objetivo de publicarla en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo de 2026. El foco principal es “blindar” técnicamente la norma para reducir márgenes de interpretación y minimizar litigiosidad ante las esperadas impugnaciones judiciales de sindicatos y otros actores.

Según fuentes oficiales consultadas por TN, el Ejecutivo da por descontada la media sanción definitiva en el Senado este viernes 27 de febrero, lo que habilitaría la promulgación inmediata. Equipos técnicos y jurídicos revisan el decreto reglamentario con énfasis en artículos sensibles, como la aplicación a relaciones laborales existentes, la transición de normas, la vigencia y el alcance práctico de los cambios.

Uno de los pilares del “blindaje” es el rediseño del mapa judicial laboral incorporado en la ley: se prevé el traspaso progresivo de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, con vigencia transitoria del fuero nacional hasta concretar el acuerdo. El decreto 95/2026 delega en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la firma de ese convenio de transferencia. Desde el Gobierno argumentan que esta reestructuración reduce la incidencia del fuero actual —considerado adverso— en los primeros casos testigo, y confían en que la Corte Suprema resolverá favorablemente la disputa (“Creemos que tenemos condiciones para ganar la disputa judicial”).

La reforma, que modifica aspectos clave de la Ley de Contrato de Trabajo (como indemnizaciones, jornada, licencias y negociación colectiva), entre otras normas, busca modernizar el marco laboral, reducir cargas patronales y limitar la judicialización excesiva, según el oficialismo. Incluye también incentivos para la formalización y regulaciones para plataformas digitales.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta fuerte resistencia sindical. La CGT y otras centrales ya adelantaron que impulsarán demandas judiciales por considerar que varios artículos violan principios constitucionales, como el artículo 14 bis (protección del trabajo) y la no regresividad de derechos laborales. Sectores gremiales y abogados laboralistas anticipan amparos, planteos de inconstitucionalidad y una ola de litigios, especialmente en temas de retroactividad, derechos adquiridos y el traspaso judicial. Algunos analistas advierten que la norma podría generar mayor conflictividad en los tribunales si no se resuelven con claridad las transiciones.

Hasta el momento, el Gobierno mantiene que la reglamentación precisa y el cambio en el fuero ayudarán a implementar la reforma de manera más eficiente y equitativa, mientras descuenta que las batallas judiciales se definirán en instancias superiores.