El Gobierno impulsa el Régimen Penal Juvenil en sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo nacional oficializó la inclusión del proyecto de Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderán del 2 al 27 de febrero de 2026. La medida fue formalizada mediante el Decreto 53/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa busca reformar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, vigente desde la década de 1980, y tiene como eje central la reducción de la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14 años. El texto original del Gobierno proponía bajarla a 13 años, pero en comisiones parlamentarias durante 2025 se consensuó el piso en 14 años, alineándose con legislaciones de países como Chile, Colombia y Perú (14 años), mientras que Brasil y México la fijan en 12 años.

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de Diputados (Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto) en mayo de 2025, con respaldo de La Libertad Avanza, PRO, UCR y otros bloques aliados, aunque perdió estado parlamentario por el recambio legislativo. El debate se reactivó tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que involucró a menores de edad.

Entre las principales disposiciones del régimen propuesto destacan:

• Penas máximas: Hasta 15 años de privación de libertad para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. No se contempla prisión perpetua ni reclusión perpetua, incluso en concursos de delitos.
• Prioridad a medidas alternativas: Para infracciones con penas de hasta 3 años (o hasta 10 en casos sin muerte ni violencia grave), se privilegian opciones no privativas como amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento o restricciones de conducta y lugares.
• Suspensión del proceso y mediación: Posibles en delitos leves, con consentimiento de la víctima y dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal.
• Institutos especializados: Centros de detención separados de adultos, con personal capacitado en infancia y adolescencia, educación obligatoria, atención médica, tratamiento de adicciones, formación laboral, actividades culturales y deportivas, y asistencia psicológica. Se prohíbe la convivencia con mayores y el consumo de sustancias.
• Garantías procesales: Procesos reservados (prohibida la difusión de identidad del menor, salvo renuncia expresa), intervención obligatoria de asesoría tutelar desde el inicio, notificación a padres o tutores, y medidas protectoras adicionales.
• Derechos de víctimas: Patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones, y derecho a ser informadas y escuchadas.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha defendido la reforma argumentando que la norma actual no responde al contexto de mayor violencia y narcotráfico, y que busca equilibrar sanciones con rehabilitación y prevención. El Gobierno enfatiza frases como “delito de adulto, pena de adulto” para resaltar la necesidad de terminar con la impunidad en casos graves.

El tema genera divisiones: sectores oficialistas y aliados lo ven como respuesta a demandas de seguridad y alineación regional, mientras que opositores cuestionan si prioriza el punitivismo sobre políticas de inclusión social y prevención. El debate podría iniciarse en Diputados y extenderse si no hay acuerdos rápidos en febrero.