El Gobierno modifica la Ley de Inteligencia Nacional mediante un DNU y fortalece el rol de la SIDE
Publicado: 01-01-2026
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el 31 de diciembre de 2025 para reformar la Ley de Inteligencia Nacional. La medida reestructura el Sistema de Inteligencia Nacional, otorga mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y crea nuevas agencias especializadas.
El decreto mantiene a la SIDE como organismo central de control del sistema de inteligencia, con competencias ampliadas. Entre las nuevas atribuciones, se incluye la capacidad del personal de inteligencia para aprehender personas en situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial, con la obligación de notificar inmediatamente a las fuerzas policiales y de seguridad competentes. Además, la SIDE podrá proveer su propia seguridad, repeler agresiones y solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas o fuerzas federales.
Otras facultades asignadas a la SIDE abarcan el requerimiento de información a cualquier organismo público, la coordinación con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como funciones en la lucha contra el terrorismo, análisis geoespacial y gestión criptográfica del Estado.
La reforma introduce cambios estructurales: la Agencia de Seguridad Nacional se transforma en la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC); y se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de planificar y supervisar políticas de ciberseguridad para proteger infraestructuras críticas y activos digitales.
El DNU establece dos comunidades de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra organismos de espionaje, Fuerzas Armadas y de seguridad; y la Comunidad Informativa Nacional, que facilita el intercambio de datos con ministerios y entidades como Migraciones, Aduanas y organismos nucleares.
Según fuentes oficiales, la reforma busca modernizar y ordenar el sistema de inteligencia, adaptándolo a amenazas actuales como el ciberespacio, eliminar duplicaciones, fortalecer controles legales y presupuestarios, e integrarlo plenamente al Estado sin funciones policiales o judiciales directas. Se enfatiza que las actividades de inteligencia mantienen carácter reservado y encubierto para minimizar riesgos estratégicos.
Hasta el momento, no se han registrado pronunciamientos públicos de sectores opositores o expertos respecto a esta medida específica, publicada en las últimas horas. El uso de DNU para reformas normativas ha sido un instrumento frecuente en la actual gestión, en un contexto de debates previos sobre su alcance legislativo.