El Gobierno reconoce que los cambios en licencias por enfermedad podrían complicar la reforma laboral en Diputados

El proyecto de reforma laboral, que obtuvo media sanción en el Senado el 12 de febrero, enfrenta posibles dificultades en la Cámara de Diputados debido a uno de sus artículos referidos al régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales (inculpables).

Fuentes del oficialismo consultadas por distintos medios admitieron que las modificaciones introducidas en este punto generaron mayor controversia de la esperada, tras las explicaciones públicas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En una entrevista radial posterior a la aprobación senatorial, Sturzenegger ejemplificó: “Si te lastimaste jugando al fútbol —es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver— y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”. Agregó que la medida apunta a “reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas”.

El régimen actual establece el pago del 100% del salario durante períodos que pueden extenderse hasta 12 meses, según antigüedad y cargas familiares. El proyecto aprobado en el Senado modifica este esquema de la siguiente forma:

• Plazos máximos: 3 meses para trabajadores sin personas a cargo; 6 meses si cuentan con cargas de familia.
• Porcentajes de remuneración:
  • 50% de la remuneración básica cuando la incapacidad derive de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implique riesgo para la salud (por ejemplo, lesiones deportivas fuera del horario laboral).
  • 75% si la imposibilidad de trabajar no surge de una acción voluntaria ni de conciencia del riesgo.
• Otras disposiciones: Obligación de aviso inmediato (salvo fuerza mayor), certificados médicos digitales con diagnóstico y días de reposo, posibilidad de controles médicos por parte del empleador (con junta médica en caso de discrepancias, a cargo del mismo), y no consideración de recidivas de enfermedades crónicas como nuevas si ocurren en menos de 2 años.

El Gobierno argumenta que estos cambios buscan reducir abusos, bajar costos para los empleadores y evitar licencias prolongadas sin impacto directo en la relación laboral. Sin embargo, el tema cobró relevancia pública tras las declaraciones del ministro, lo que generó críticas en sectores opositores y dialoguistas.

Bloques como Provincias Unidas manifestaron oposición a este artículo, mientras que otros espacios —incluido parte del PRO— marcaron diferencias en puntos específicos del proyecto. Fuentes oficialistas reconocieron internamente que el planteo “calentó” el debate, con comentarios como “se mandó una de más”.

El tratamiento en Diputados será clave para la sanción definitiva. El presidente Javier Milei extendió las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero para impulsar la aprobación antes de la apertura de sesiones ordinarias. Si la Cámara introduce modificaciones sustanciales o rechaza el artículo en cuestión, el proyecto regresaría al Senado, lo que demoraría su conversión en ley.

Especialistas en derecho laboral consultados por diversos medios coinciden en que el cambio podría incrementar la judicialización de casos, al introducir criterios subjetivos sobre la “voluntariedad” y el “riesgo” en enfermedades o accidentes no laborales. Por su parte, el oficialismo defiende la reforma como un paso hacia mayor flexibilidad y modernización del mercado de trabajo.