El juicio por la muerte de Maradona se posterga hasta marzo de 2026: un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia

La Justicia argentina dio un paso más en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, al fijar el inicio del nuevo debate oral para el 17 de marzo de 2026. La resolución, emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, llega tras la nulidad del primer juicio declarada en mayo pasado, envuelta en un escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach y la autorización irregular de un documental. Este retraso, aunque inevitable por los planteos procesales, reaviva el clamor por respuestas en un caso que ha conmocionado al mundo del fútbol y a la sociedad argentina desde noviembre de 2020, cuando el «Diez» falleció a los 60 años en su casa de Tigre por un edema agudo de pulmón.

El anuncio se produce en un contexto de tensiones judiciales, donde fiscales y querellantes habían exigido celeridad para evitar más dilaciones. Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, los fiscales a cargo, junto a los abogados de las querellas, presentaron en octubre un pedido formal para acelerar el proceso, argumentando que la nulidad no debía paralizar indefinidamente la búsqueda de responsabilidades. «Queremos que se haga justicia con la mayor brevedad posible, respetando todas las garantías», declararon en su momento. Sin embargo, el tribunal, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, resolvió que el debate comenzará a las 10 de la mañana del 17 de marzo, precedido por una audiencia preliminar el próximo 12 de noviembre a las 10:30, destinada al control y admisión de las pruebas ofrecidas por las partes.

Las sombras del escándalo que anuló el primer juicio

El retraso se explica por una serie de planteos y objeciones presentados por las defensas de los acusados, que obligaron al tribunal a resolver cuestiones procesales clave. El pedido más controvertido vino de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, quien solicitó un juicio por jurados populares; sin embargo, los jueces lo rechazaron de plano por ser «manifiestamente extemporáneo» y haber precluido el plazo para su ejercicio. De igual modo, la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov invocó el principio de non bis in idem –no ser juzgado dos veces por el mismo hecho– para evitar un nuevo debate, pero el tribunal lo desestimó, aclarando que la nulidad se declaró precisamente para garantizar un tribunal imparcial. «Negar el nuevo juicio consolidaría la afectación de derechos», argumentaron los magistrados en su resolución.

Todo remite al fallido primer debate oral, iniciado el 11 de marzo de 2025 y suspendido tras más de dos meses y 40 testigos. La nulidad, decretada el 29 de mayo, surgió del escándalo protagonizado por Julieta Makintach, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, quien autorizó la grabación de un documental sobre el proceso sin el consentimiento de las partes involucradas. Este episodio generó acusaciones de parcialidad y violaron el derecho a un juicio justo. En la última audiencia, el juez Maximiliano Savarino fue contundente: «La doctora Makintach intervino de modo parcial en el desarrollo del debate. Quiero recordarles que tanto los particulares como los imputados tienen derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial». Su colega, Verónica Di Tommaso, adhirió a la decisión y, en un guiño poético al ídolo, parafraseó una famosa frase de Maradona: «La Justicia no se mancha». Makintach, ahora enfrentando un juicio político por su conducta, queda como figura central de este capítulo turbulento.

La resolución actual también define el alcance de la nulidad: regirá desde la audiencia preliminar del debate original, lo que implica que el pedido de juicio por jurados desdoblado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid –quien no formaba parte del grupo principal de acusados– se mantendrá vigente para ella en forma separada, mientras el resto enfrentará un juicio técnico ante el tribunal colegiado.

Figuras clave bajo la lupa: ¿quiénes responden por la muerte del «Diez»?

Siete profesionales médicos y de la salud están en el banquillo de los acusados, imputados por homicidio culposo agravado por negligencia en el cuidado de Maradona durante sus últimos días. El neurocirujano Leopoldo Luque, quien operó al astro en noviembre de 2020 por un hematoma subdural, es uno de los más expuestos; su defensa ha sido la más combativa en los planteos recientes. La psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna completan la lista. Todos niegan las acusaciones, alegando que actuaron dentro de los protocolos médicos, pero la pericia caligráfica y forense ha apuntado a irregularidades en el seguimiento domiciliario post-cirugía, incluyendo la falta de controles adecuados y la administración irregular de medicación.

Maradona, quien había sido dado de alta del hospital tras su operación y atendido en una casa particular en el country San Andrés de Tigre, colapsó el 25 de noviembre de 2020. La autopsia reveló no solo el edema pulmonar, sino también cardiomegalia y consumo de estupefacientes, lo que encendió el debate sobre si su equipo médico falló en prever riesgos. La causa, iniciada inmediatamente por la fiscalía de San Isidro, ha sido un torbellino de peritajes, recusaciones y audiencias que han mantenido en vilo a la familia del Diez –especialmente a sus hijos Dalma y Gianinna, querellantes activos– y a una hinchada que ve en este proceso un ajuste de cuentas con el sistema de salud.

Hacia un cierre con garantías: ¿justicia o más demoras?

El nuevo cronograma judicial, aunque posterga el debate por cuatro meses, busca equilibrar la celeridad con el rigor procesal, como lo solicitaron los fiscales Ferrari e Iribarren. «Es un avance necesario para proteger los derechos de todas las partes», comentaron fuentes cercanas al tribunal. Para la familia Maradona, representada por el abogado Rodolfo Baqué, esta resolución es un alivio parcial: «Diego merece que se investigue a fondo, sin atajos ni interferencias». Sin embargo, críticos del sistema judicial argentino advierten que el retraso podría diluir la frescura de las pruebas y el impacto emocional del caso.

Mientras tanto, el mundo del fútbol recuerda a Maradona no solo por sus hazañas en canchas como el Azteca o el Monumental, sino por esta lucha póstuma por la verdad. El 17 de marzo de 2026, el Tribunal de San Isidro se convertirá nuevamente en epicentro de una historia que trasciende lo penal: la de un ídolo cuya muerte expuso las grietas de la vulnerabilidad humana, incluso para los dioses del deporte. Como dijo Savarino en su momento, la imparcialidad es el único camino. La pelota, ahora, está en manos de la Justicia.