El Senado Argentino rechaza el veto de Milei y reactiva la Ley de Emergencia en Discapacidad

En una jornada legislativa histórica, el Senado de la Nación Argentina dejó sin efecto el veto presidencial impuesto por el presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, marcando un hito político al ser la primera vez en más de dos décadas que el Congreso logra desactivar un veto del Ejecutivo. Con una contundente mayoría de 63 votos a favor y solo siete en contra, la oposición, compuesta por un amplio espectro de kirchneristas, radicales, macristas y legisladores provinciales, logró reactivar la normativa que declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.

La sesión, presidida por el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis) debido a la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asumió temporalmente el Ejecutivo por un viaje de Milei al exterior, estuvo cargada de tensiones políticas y marcada por el reciente escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La ley, que había sido aprobada previamente con amplio consenso en ambas cámaras, busca garantizar derechos fundamentales para las personas con discapacidad, actualizando aranceles de prestaciones, reformulando pensiones no contributivas y estableciendo compensaciones económicas.

El debate en el Senado reflejó la sensibilidad del tema y las profundas diferencias con el oficialismo. El senador peronista Pablo Bensusán (La Pampa) abrió la discusión criticando duramente el veto presidencial: “El Presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o quede condenada al olvido”. Bensusán calificó el veto de “brutal e inmoral”, subrayando que el rechazo del Ejecutivo pierde credibilidad entre los argentinos.

Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) enfatizó: “La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. Hay que eliminar las barreras que existen en salud, en la infraestructura y en la educación”. En tanto, el senador santacruceño José María Carambia advirtió al presidente Milei: “Esperemos que la aplique como corresponde y no haga ningún artilugio legal para evitar dar solución a tanta gente que lo necesita”. Incluso desde el oficialismo, el senador Bartolomé Abdala expresó su firme compromiso: “Si no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político. No vamos a dejar que la gente con discapacidad esté en las condiciones que está hoy, es una vergüenza”.

Sin embargo, no todos los legisladores apoyaron la reactivación de la ley. La senadora Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), alineada con el PRO, justificó su respaldo al veto argumentando que “esta ley no hace falta”, aunque pidió al ministro de Salud, Mario Lugones, que incremente los aranceles para garantizar las prestaciones necesarias. Desde La Libertad Avanza, el senador Francisco Paoltroni (Formosa) cuestionó la gestión previa de las pensiones, señalando irregularidades en su asignación durante gobiernos anteriores.

La reactivación de la ley responde a las demandas de un colectivo históricamente postergado, que en las afueras del Congreso se manifestó con fuerza. Familiares y organizaciones celebraron la decisión del Senado, que captó la atención de los medios al mostrar la emoción de los presentes tras conocerse el resultado de la votación. La normativa no solo declara la emergencia en discapacidad, sino que también incorpora reformas a las leyes 13.478, 22.431 y 24.901, alineándolas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre sus puntos clave, se establece la compatibilidad parcial de las pensiones con el empleo formal, la actualización mensual de aranceles según la inflación y beneficios impositivos para prestadores.

El impacto fiscal de la ley, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se estima entre el 0,22% y 0,42% del PBI, un argumento que el Ejecutivo utilizó para justificar su veto inicial por considerarlo un gasto excesivo. Sin embargo, la oposición destacó que estas medidas son esenciales para garantizar la dignidad y la inclusión de las personas con discapacidad, en un contexto de alta inflación y recortes presupuestarios.

El rechazo al veto presidencial no solo representa un revés político para el gobierno de Milei, sino que también pone en evidencia las tensiones con sus aliados y la falta de respaldo parlamentario en temas sensibles. Mientras el oficialismo evalúa judicializar la norma, argumentando la falta de financiamiento o irregularidades en la sesión, la oposición ya prepara nuevos frentes, como la modificación del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), buscando limitar las atribuciones del Ejecutivo.

Esta decisión legislativa, celebrada por el colectivo de discapacidad y sus familias, marca un precedente en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y refuerza la importancia de un Estado presente para garantizar los derechos de los sectores más vulnerables. La promulgación de la ley será ahora responsabilidad del Poder Ejecutivo, aunque las declaraciones de Milei sugieren que el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial.