Escándalo en la ANDIS: Inician indagatorias clave por presuntas coimas y direccionamientos de contratos

La Justicia federal argentina ha iniciado una fase crítica en la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo estatal responsable de la provisión de insumos y prestaciones para personas con discapacidad. Tras tres meses bajo secreto de sumario, el fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello ordenaron una serie de 15 indagatorias que comenzarán este martes, con el objetivo de esclarecer un posible esquema de corrupción que involucraría coimas, sobreprecios y manipulación de contratos públicos.

El caso, que ha generado atención por su impacto en fondos destinados a sectores vulnerables, se centra en maniobras ocurridas entre julio de 2024 y agosto de 2025. Según el expediente judicial, estas operaciones habrían generado contratos con sobreprecios superiores a los 43.000 millones de pesos, defraudando al Estado mediante el direccionamiento de licitaciones y el uso irregular del sistema informático SIIPFIS, diseñado para garantizar transparencia en las contrataciones.

Cronograma de las indagatorias

La secuencia de declaraciones iniciará este martes con Miguel Ángel Calvete, un operador señalado en la causa por su presunta participación en las maniobras. El miércoles será el turno de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y considerado por los investigadores como la figura central de la estructura delictiva. La lista de citados incluye a exfuncionarios del organismo y empresarios vinculados al sector farmacéutico, droguerías y prestadoras de servicios médicos.

Entre los imputados más destacados se encuentran:

• Pablo Atachabahian, urólogo y exfuncionario de la ANDIS, quien ya se encuentra bajo prisión domiciliaria tras negarse a declarar en una audiencia previa. Su nombre aparece en chats y documentos que lo vinculan directamente con proveedores beneficiados.
• Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo.
• Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo.
• Lorena Di Giorno, funcionaria del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).

Además, la investigación abarca a operadores presuntamente involucrados en la manipulación técnica del sistema informático y en el manejo de fondos ilícitos.

Detalles de la investigación

El fiscal Picardi busca probar la existencia de un «esquema sostenido de direccionamientos» y un «circuito sistemático de pago de coimas» que favoreció a proveedores específicos. Estos proveedores suministraban insumos y prestaciones esenciales para personas con discapacidad, lo que agrava el alcance del presunto fraude. El sistema SIIPFIS, que en teoría promueve la transparencia, habría sido alterado para beneficiar a un grupo reducido de empresas.

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre pruebas materiales más allá de los chats y registros contables mencionados en el expediente. La Justicia ha mantenido un bajo perfil en las filtraciones, priorizando el avance de las declaraciones para evitar interferencias.

Este desarrollo llega en un contexto de mayor escrutinio sobre la gestión de fondos públicos en agencias estatales, especialmente aquellas destinadas a políticas sociales. Las indagatorias de esta semana podrían definir el rumbo de la causa, potencialmente llevando a procesamientos o ampliaciones de la investigación. Por el momento, las autoridades judiciales no han emitido comentarios adicionales, y se espera que las declaraciones aporten claridad a los hechos bajo examen.