Fiscal AMIA pide procesar a 10 acusados y capturar a nuevo jerarca iraní

El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA (UFI AMIA), presentó este 4 de marzo de 2026 un dictamen en el que solicita el procesamiento de diez personas —en su mayoría exfuncionarios iraníes y operativos vinculados a Hezbolá— ya imputadas y con pedidos de captura internacional vigentes desde 2006. Además, requirió la captura internacional y la declaración de rebeldía de un nuevo sospechoso: Alí Asghar Hejazi (también referido como Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi), descrito como un alto jerarca del régimen iraní y mano derecha del fallecido líder supremo Alí Khamenei.

El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, causó 85 muertes y cientos de heridos, y es considerado el peor ataque terrorista en la historia del país. La investigación atribuye la planificación y autorización del atentado a autoridades de alto nivel del gobierno iraní, con ejecución material por parte de Hezbolá.

Según el dictamen de 201 páginas presentado por Basso ante el Juzgado Federal N° 6 (a cargo del juez Daniel Rafecas), los diez acusados ya procesados y con alertas rojas de Interpol son:

• Alí Fallahian (exministro de Inteligencia de Irán)
• Alí Akbar Velayati (exfuncionario de Asuntos Exteriores)
• Mohsen Rezai (excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria)
• Ahmad Vahidi (exlíder de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria; recientemente designado como nuevo jefe de la Guardia)
• Hadi Soleimanpour (exembajador de Irán en Buenos Aires)
• Mohsen Rabbani (exconsejero cultural de la embajada iraní)
• Ahmad Reza Asghari (ex tercer secretario de la embajada)
• Salman Raouf Salman (operativo de Hezbolá, señalado como director de las acciones finales en Argentina)
• Abdallah Salman (vinculado al manejo de financiamiento)
• Hussein Mounir Mouzannar (empresario libanés en Paraguay, acusado de proveer documentación falsa)

Estos individuos enfrentan cargos por homicidio calificado por motivos de odio racial o religioso, cometido mediante medios idóneos para poner en peligro la seguridad pública, en concurso ideal con lesiones graves y daños materiales, además de pertenencia o colaboración con una banda armada con fines discriminatorios.

La acusación sostiene que el ataque fue decidido en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán a mediados de agosto de 1993, en el contexto de avances en procesos de paz en Medio Oriente. Se alega que una red de espionaje operó bajo cobertura diplomática para recopilar información sobre el objetivo, brindar apoyo logístico y facilitar la ejecución y posterior ocultamiento.

En cuanto al nuevo imputado, Alí Asghar Hejazi, el fiscal lo señala como presidente del denominado Comité Vijeh (o Comité de Asuntos Especiales), donde se habría recopilado inteligencia, analizado el blanco y preparado la propuesta del atentado. Tras la aprobación en instancias superiores, habría coordinado la implementación. La imputación se basa principalmente en testimonios de cuatro disidentes iraníes recibidos por Basso en París en diciembre de 2025, bajo el marco legal francés y con participación de autoridades antiterroristas.

Como medidas cautelares, Basso solicitó actualizar los embargos preventivos sobre bienes de los acusados por más de 741 mil millones de pesos. También propuso notificar a los prófugos mediante canales diplomáticos y redes sociales oficiales, requisito para avanzar hacia un juicio en ausencia conforme a la Ley 27.784 (sancionada en 2025), que permite juzgar a imputados ausentes en casos de esta naturaleza.

El juez Rafecas ya había resuelto en instancias previas la aplicación del juicio en ausencia para los diez acusados mencionados, decisión confirmada por la Cámara Federal pese a cuestionamientos de la defensa pública sobre la constitucionalidad de la norma (pendiente de resolución en la Cámara de Casación Penal).

El expediente, uno de los más complejos y prolongados de la justicia argentina, no ha logrado hasta el momento la extradición ni la comparecencia de los imputados, debido a la falta de cooperación de Irán. La presentación del fiscal representa un nuevo avance en la investigación, en un contexto regional marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La decisión final sobre el procesamiento y la captura internacional queda ahora en manos del juez Rafecas.