Fiscal Stornelli abre causa contra audios de Karina Milei, pero protege fuentes periodísticas y descarta allanamientos

En un dictamen que equilibra la apertura de una investigación penal con el resguardo de derechos constitucionales, el fiscal federal Carlos Stornelli decidió impulsar la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad contra la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. Sin embargo, Stornelli rechazó de plano la solicitud de allanamientos a domicilios de periodistas y medios, enfatizando la inviolabilidad de las fuentes periodísticas y la protección de los domicilios. La causa, que recayó en el Juzgado Federal a cargo de Julián Ercolini, se centra en presuntos delitos de espionaje ilegal, manipulación de grabaciones y una supuesta operación de desestabilización electoral, en el marco del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La denuncia, firmada por el abogado Fernando Soto en representación de la ministra Patricia Bullrich, acusa a una «organización criminal» de haber captado, editado y difundido clandestinamente audios de conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, como el diputado Martín Menem. Según el escrito, estas acciones violan la Ley Nacional de Inteligencia (25.520) y buscan «desacreditar al Gobierno, influir en la opinión pública, desestabilizar la economía y afectar el proceso electoral» en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. El Ministerio solicitó medidas drásticas, como allanamientos en los estudios de Carnaval Stream –el canal de streaming que difundió los audios–, y en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del empresario Pablo Toviggino (tesorero de la AFA) y del abogado Franco Bindi, vinculado a exservicios de inteligencia. Además, pedía la incautación de servidores, discos rígidos y consolas de edición para rastrear el origen de las grabaciones.
Stornelli, en su dictamen al que accedieron medios como Clarín e Infobae, validó la gravedad de los hechos pero impuso límites claros. «La investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional», escribió el fiscal, aludiendo al artículo 14 de la Constitución Nacional que garantiza la libertad de expresión y el secreto profesional. Agregó que «esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente», rechazando así los allanamientos preventivos propuestos por el Gobierno. Stornelli presumió «la ilegitimidad de los audios, quizás ardidosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública», y describió la maniobra como una «operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos». La pesquisa no se limitará a los audios de Karina Milei, sino que abarcará su «génesis», incluyendo grabaciones previas del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien denunció irregularidades internas en la agencia.
Este desarrollo se produce en un contexto de alta tensión entre el Ejecutivo y la prensa opositora. El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, calificó la filtración como «un ataque ilegal, planificado y dirigido» con posibles nexos a «influencia extranjera» de Rusia, Venezuela y Bolivia, y al kirchnerismo, en una «campaña de desinformación para derrocar al gobierno». El presidente Javier Milei, en su cuenta de X, acusó directamente a «espías que se disfrazan de ‘periodistas'» de formar parte de una «red de espionaje ilegal» para desviar la atención de «el tema real», afirmando que «no están por encima de la ley, se creen impunes y no lo son». Martín Menem, por su parte, sostuvo que los audios «pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados».
La oposición y entidades periodísticas denunciaron la movida oficial como un intento de «censura previa y totalitaria». La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó la medida cautelar dictada por el juez civil Alejandro Maraniello, que prohibió la difusión de nuevos audios, argumentando que «las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse». Juristas y medios como Página/12 criticaron la denuncia como una «arremetida desesperada» para tapar el escándalo de coimas en la ANDIS, donde Spagnuolo reveló en sus audios un esquema de desvíos con un «3 por ciento para Karina» en compras de medicamentos. Alejandro Fantino, compañero de Rial en Carnaval, había advertido previamente sobre irregularidades en la agencia.
El juez Maraniello, quien otorgó la cautelar, enfrenta controversias personales: tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco por acoso sexual y maltrato a empleadas, notificadas la semana pasada. Fuentes judiciales indican que niega las acusaciones, pero el caso está en manos de la jueza María Servini y el propio Stornelli. Abogados constitucionalistas, consultados por Ámbito Financiero, consideraron «inviables y contrarios a principios constitucionales» los pedidos de allanamientos a periodistas, viéndolos como un acto de «caza de brujas».
La investigación de Stornelli podría derivar en imputaciones si se detectan otros delitos, como falsificación con IA o chantaje, pero por ahora se enfoca en el origen de las grabaciones, posiblemente realizadas en la Casa Rosada –un lugar de «jurisdicción exclusiva del Gobierno»–, lo que agravaría el caso. Mientras, allanamientos en la ANDIS y la Droguería Suizo Argentina ya revelaron sobreprecios, y Spagnuolo presentó pruebas en Comodoro Py. Rial, en sus redes, defendió el periodismo: «Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia».
Este episodio intensifica el debate sobre los límites entre seguridad nacional y libertad de prensa en Argentina, a escasos días de las elecciones. ¿Revelará la causa una conspiración externa o una interna libertaria? La Justicia federal avanzará, pero el resguardo de Stornelli a los periodistas marca un freno a la ofensiva oficialista. El tiempo dirá si este equilibrio se mantiene o si la escalada continúa.