Informe sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones en Argentina tras el cambio en la fórmula de movilidad

Un reciente estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluye que los haberes jubilatorios han registrado una pérdida acumulada del 27,4% en su poder adquisitivo desde la modificación de la fórmula de actualización implementada por el gobierno de Javier Milei a partir de diciembre de 2023.

El cambio se produjo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que reemplazó la fórmula anterior –vigente desde 2021 y basada en una combinación de evolución de salarios y recaudación tributaria de la seguridad social (Ley 27.609)– por un esquema de ajustes mensuales atados exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con un desfase de dos meses.
Según el análisis de CEPA, en diciembre de 2025 la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. De haberse mantenido la fórmula previa, ese monto habría alcanzado los $434.279, lo que representa una diferencia del 27,4%. El impacto es mayor para los beneficiarios de la mínima, ya que el bono complementario de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, licuando su valor real mes a mes.

El informe destaca que la fórmula derogada, aunque con rezago en períodos de alta inflación, tendía a superar al IPC cuando los salarios y la recaudación comenzaban a recuperarse, como ocurrió en etapas de desaceleración inflacionaria. En cambio, el esquema actual permite que los haberes acompañen la inflación, pero no facilita la recomposición de pérdidas previas.

Fuentes oficialistas y análisis independientes coinciden en que la nueva movilidad contribuyó al logro del superávit fiscal en 2024 y 2025, al contener el crecimiento del gasto previsional. Datos de Infobae indican que, en los primeros 24 meses de la gestión Milei (hasta noviembre de 2025), los haberes mínimos con bono acumularon una caída real del 6,9%, mientras que los superiores al mínimo registraron una recuperación del 9,5%, con un promedio ponderado de +1,3%.

Especialistas consultados por distintos medios señalan que, aunque la indexación por IPC protege contra nuevas erosiones inflacionarias en contextos de precios estables, consolida las pérdidas acumuladas durante la aceleración de 2023-2024. El CEPA también advierte sobre el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025, que limita el acceso a jubilaciones para quienes no completan 30 años de aportes.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial específica al informe de CEPA difundido en las últimas horas. Previamente, autoridades han enfatizado que la fórmula actual prioriza la sostenibilidad fiscal y la predictibilidad, evitando desfases que afectaron los haberes en gestiones anteriores.

Los haberes de enero de 2026 incorporarán un ajuste del 2,47% correspondiente al IPC de noviembre de 2025, llevando la mínima a $349.299 (más bono de $70.000 para ingresos totales de $419.299 en casos elegibles) y la máxima a aproximadamente $2.350.000.