Javier Milei veta leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei oficializó el veto a tres leyes aprobadas por el Congreso argentino, según se publicó en el Boletín Oficial mediante el Decreto 534/2025. Las normativas vetadas, que buscaban beneficiar a jubilados, personas sin aportes previsionales y el sector de la discapacidad, generaron una fuerte controversia en el ámbito político y social. La decisión del Ejecutivo, respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), reaviva el debate sobre el ajuste fiscal y la protección de los sectores más vulnerables.

Las leyes vetadas

• Aumento a jubilados (Ley 27.791): Esta norma proponía un incremento real del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, además de elevar el bono especial de $70.000 a $110.000, ajustado por inflación. El objetivo era mejorar el poder adquisitivo de los jubilados frente a la creciente inflación.
• Moratoria previsional (Ley 27.792): La ley reinstauraba por dos años un plan que permitía a personas sin los 30 años de aportes requeridos acceder a una jubilación mínima mediante el pago de las contribuciones faltantes. Esta medida buscaba incluir a miles de ciudadanos en el sistema previsional.
• Emergencia en discapacidad (Ley 27.793): Declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, creando una nueva pensión no contributiva por discapacidad y una compensación económica de emergencia para prestadores de servicios, en respuesta a las necesidades urgentes del sector.

Los argumentos del veto

El gobierno justificó los vetos argumentando que las leyes representaban un riesgo fiscal insostenible. Según el Ejecutivo, las medidas implicarían un costo superior a los 7 billones de pesos en 2025 y 17 billones en 2026, equivalentes al 1% y 1,68% del PBI, respectivamente. Estas cifras, según el decreto, violaban la Ley de Administración Financiera al no contar con fuentes de financiamiento genuinas, comprometiendo el equilibrio fiscal que el gobierno considera prioritario.

Además, el Ejecutivo señaló «graves defectos reglamentarios» en la aprobación de las leyes por parte del Senado, calificando la sesión como inválida. Este argumento técnico refuerza la postura del gobierno, que busca consolidar su política de ajuste frente a las presiones inflacionarias y las exigencias del FMI.

El organismo internacional, en un documento técnico, respaldó la decisión de Milei, alertando que el aumento del gasto público en un 1,5% del PBI podría desestabilizar los objetivos fiscales en un contexto de presiones electorales.

Reacciones y desafíos políticos

La decisión presidencial desató críticas contundentes desde la oposición. Legisladores de Unión por la Patria y otros bloques opositores calificaron el veto como un «acto monárquico» que afecta directamente a los sectores más vulnerables. «Es un golpe a los jubilados, a quienes no tienen aportes y a las personas con discapacidad», afirmó un diputado opositor, llamando a la movilización para revertir el veto en el Congreso.

Para anular el veto presidencial, la oposición necesita reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, un desafío significativo dado el historial de Milei en sostener vetos anteriores mediante negociaciones con gobernadores y legisladores aliados. El gobierno ya ha iniciado conversaciones para asegurar el apoyo necesario y evitar que el Congreso revierta su decisión.

Un debate que vuelve al Congreso

El veto de estas tres leyes devuelve el debate al ámbito legislativo, donde la oposición enfrenta la tarea de unificar voluntades para alcanzar la mayoría requerida. Mientras tanto, el gobierno defiende su postura de «responsabilidad fiscal» como pilar de su gestión, en línea con las metas acordadas con el FMI.

La puja entre el Ejecutivo y el Congreso no solo pone en juego el destino de estas leyes, sino también la capacidad de la oposición para articular una respuesta efectiva frente a las políticas de ajuste de Milei. En un contexto de alta inflación y creciente malestar social, el desenlace de este enfrentamiento marcará el rumbo político de los próximos meses.