La tensión política y judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de alto impacto. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció de forma oficial que impulsará el juicio político contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, titular del Juzgado N° 3 en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la CABA. La decisión se tomó luego de que la magistrada dictara la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en un caso de tentativa de robo que involucra a un menor de 14 años.
El fallo de De Marinis encendió las alarmas en el Ejecutivo porteño. Al declarar la inconstitucionalidad de la norma para este caso específico, la jueza ordenó el sobreseimiento del adolescente imputado. Según los fundamentos de la resolución, la magistrada argumentó que la aplicación directa de una respuesta penal resulta «regresiva» frente al sistema de protección integral vigente y sostuvo que la privación de la libertad debe considerarse estrictamente como el último recurso disponible. Al tratarse de un fallo «caso por caso», la medida no anula la ley de manera general, pero sienta un precedente que divide aguas en los tribunales.
La respuesta del oficialismo local no se hizo esperar. Jorge Macri criticó con dureza el accionar judicial y argumentó que este tipo de resoluciones consolidan una «agenda de impunidad» en las calles de la Ciudad. Desde el entorno del jefe de Gobierno señalaron que los jueces deben aplicar las leyes sancionadas por el Poder Legislativo y no transformarse en legisladores encubiertos que debilitan las herramientas de seguridad ciudadana. Con la presentación del pedido de juicio político, el oficialismo busca remover a la magistrada de su cargo por presunto mal desempeño.
Este conflicto en la Capital Federal se enmarca en un clima de fuerte resistencia judicial hacia la nueva normativa penal para menores. Una situación similar se vivió recientemente en la Provincia de Buenos Aires, donde la jueza Marta Pascual había suspendido preventivamente la aplicación de la norma alegando una grave falta de infraestructura. Aunque la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó esa medida cautelar días atrás, el nuevo Régimen Penal Juvenil sigue enfrentando severos cuestionamientos en el plano operativo y constitucional.