La censura de los audios de Karina Milei: un fallo que desafía la libertad de expresión en Argentina

En un fallo que ha encendido las alarmas sobre los límites de la libertad de prensa en el país, la Justicia Federal argentina ordenó la interrupción de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La decisión, solicitada por el propio Gobierno, se basa en la supuesta protección de la «privacidad institucional» y denuncia una «operación de inteligencia ilegal», pero ha sido criticada por vulnerar derechos constitucionales fundamentales y por asemejarse a episodios de censura histórica. El caso, que involucra grabaciones filtradas por el canal Carnaval Stream, reaviva el debate sobre el equilibrio entre la privacidad de figuras públicas y el derecho a la información en un contexto electoral cargado de tensiones.

Los audios en cuestión, grabados de manera clandestina, fueron difundidos inicialmente por Carnaval Stream y contienen conversaciones atribuidas a Karina Milei sobre asuntos internos del partido libertario. Según fuentes cercanas al caso, no se mencionan delitos ni planes conspirativos, sino dinámicas partidarias cotidianas. Sin embargo, el Gobierno, a través de su portavoz Manuel Adorni, los calificó como parte de una «operación de inteligencia ilegal» destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral. La Justicia Federal accedió a la solicitud de cese de difusión, argumentando la necesidad de salvaguardar la privacidad institucional, lo que resultó en la eliminación inmediata de los contenidos de plataformas digitales y medios.

Este pronunciamiento judicial ha sido comparado con un emblemático caso de censura de los años 90: la prohibición impuesta por la jueza María Servini de Cubría al programa satírico «Tato de América», conducido por el humorista Tato Bores en 1992. En aquella ocasión, la magistrada vetó cualquier mención a su nombre en el ciclo televisivo, lo que generó una ola de protestas de figuras culturales como Luis Spinetta y Soda Stereo, quienes respondieron con un himno humorístico titulado «La jueza Barú Budú Budía». El fallo fue revertido por la Corte Suprema de Justicia, que defendió la libertad de expresión como pilar democrático. Hoy, analistas ven paralelismos: «Es un bozal a la prensa que podría silenciar el debate público», advierten expertos en derecho constitucional.

Desde el punto de vista legal, el fallo es cuestionado por contravenir artículos clave de la Constitución Nacional. El artículo 14 garantiza el derecho a publicar ideas «sin previa censura judicial», mientras que el 32 prohíbe al Congreso restringir la libertad de prensa. Además, el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, que exige proporcionalidad en cualquier limitación a la expresión. El escrito judicial no identifica un «peligro real e inminente» ni un «daño irreparable», requisitos indispensables para justificar tales prohibiciones, según fallos de la Corte Suprema como el de Editorial Perfil S.A. en 2011, donde se priorizó el interés público sobre la privacidad de funcionarios. Internacionalmente, se remite al caso New York Times Co. v. United States de 1971 (los «Pentagon Papers») y a un reciente fallo en Malasia de 2025, que enfatizan la necesidad de restricciones mínimas y justificadas.

Karina Milei, una figura de enorme influencia en el Gobierno de su hermano –a quien se la describe como «el verdadero poder detrás del trono»–, ocupa un rol público que, según los críticos, la somete al escrutinio ciudadano. La filtración de estos audios, en un momento de alta polarización política, se interpreta como un intento de exponer tensiones internas en el oficialismo libertario. El Gobierno, por su parte, insiste en que se trata de un ataque orquestado para socavar la estabilidad institucional. «Es una operación ilegal que busca desestabilizar en campaña», reiteró Adorni, mientras que defensores de la libertad de expresión llaman a la Corte Suprema a intervenir de manera urgente, como lo hizo en 1992, 2010 y 2011, para revertir lo que consideran un retroceso autoritario.

Las implicaciones de este fallo trascienden el caso específico: en un país con una historia de conflictos entre poder y prensa, como las acusaciones de «operaciones» mediáticas durante el gobierno de Carlos Menem, esta decisión podría sentar un precedente peligroso. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones periodísticas han expresado su preocupación por el «enfriamiento» del periodismo investigativo, especialmente en temas que involucran a familiares de altos funcionarios. Mientras los audios permanecen bajo censura, el debate público se centra en si la «privacidad institucional» es un escudo legítimo o un pretexto para controlar la narrativa oficial. La Corte Suprema, con sus precedentes a favor de la transparencia, podría ser el próximo árbitro en esta batalla por la democracia informativa.