La Justicia brasileña no liberó los documentos a los fiscales argentinos

La obtención de los documentos y videos de las delaciones de los corruptores de la empresa Odebrecht que pagaron 35 millones de dólares en Argentina dependerá de un acuerdo de cooperación entre las fiscalías de Argentina y Brasil, país que todavía tiene trabas legales para liberar las supuestas pruebas de las coimas.

“No nos llevamos documentación porque no está disponible, depende de un trámite interno entre el Ministerio Público de Brasil y el Superior Tribunal Federal (STF)”, dijo el procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien estuvo en Brasilia acompañado por los fiscales Carlos Stornelli y Franci Picardi.

Los tres se reunieron con el viceprocurador general de Brasil, José Bonifacio, y el coordinador de la cooperación internacional de la fiscalía brasileña, Vladimir Aras, en el sexto piso del Ministerio Público Federal, frente al lago Paranoá, en el sector administrativo de Brasilia.

El principal escollo para la cooperación de las delaciones de la constructora Odebrecht es la falta de armonía entre las legislaciones brasileña y argentina. Todos coincidieron en fortalecer la cooperación y los argentinos repasaron todas las requisitorias hechas por los jueces sobre las diversas causas que tocan sobre la Operación Lava Jato.

Lo marcó Aras en conferencia de prensa conjunta: “Odebrecht firmó una acuerdo de lenidad” (es decir, la empresa paga una multa para seguir funcionando) y sus 77 ejecutivos adhirieron a la delación premiada, la herramienta aplicada en la Operación Lava Jato que hizo saltar por los aires al sistema político brasileño.

Por eso, el gran interrogante radica en hasta donde llegará la protección que Brasil le dará a las delaciones de Odebrecht para proteger a los delatores y si esto permite apenas conocer al funcionario que fue corrompido, sin sancionar al corruptor.

Argentina carece de ambos instrumentos y es por eso que se busca una cooperación en el marco de un acuerdo supranacional como la Convención contra la Corrupción de la ONU.

Las reuniones en busca de un tortuoso camino legal para llegar a las delaciones de Odebrecht se realizaron en el sexto piso del edificio que conduce Rodrigo Janot, el fiscal general que puso contra las cuerdas al gobierno del presidente Michel Temer y hoy por hoy es tal vez la persona más poderosa del país.

El fiscal Aras explicó que 16 de los 77 delatores hablan de 12 países latinoamericanos y africanos donde pagaron coimas. “No sé cuándo será entregado este material, pero no demorará. Son documentos y videos. Son parte de las delaciones originales en las cuales hay comentarios y revelaciones sobre varios países”, entre ellos Argentina.

La conformación de una comisión Brasil-Argentina fue formalizada hace algunos meses del lado de nuestro país. “Buscamos cristalizar la idea que surgió en base a la Convención de las Naciones Undias sobre la lucha contra la corrupción para crear un grupo de investigación. Encontramos ánimo de cooperación”, dijo el fiscal de la PIA.

Odebrecht dijo que pagó 35 millones de dólares en Argentina desde 2006 en base a un acuerdo firmado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y ya desembolsó unos 2.300 millones de dólares de multas para seguir operando en este país, Brasil y Suiza.

Los argentinos fueron los segundos, después de los ecuatorianos, que buscaron en forma rápida la cooperación desde que venció el plazo de confidencialidad entre Odebrecht y la fiscalía brasileña sobre delitos cometidos en el exterior. Acuerdos de cooperación de Brasil fueron firmados ya con Colombia y República Dominicana para iniciar el acceso a los datos

Los países que están buscando también cooperación son Venezuela, Chile, Perú, Panamá, México y El Salvador. La delación premiada de Odebrecht tiene dos objetivos: el empresarial, para recuperar sus gigantes, la constructora y la petroquímica Braskem, mediante una acuerdo de lenidad, y para garantizarle una rápida libertad al heredero del imperio de la construcción bahiano, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión.

Por el acuerdo de delatar a la clase política brasileña, el juez Sérgio Moro le aliviará la pena en diciembre bajo el sistema de libertad vigilada. Según el fiscal brasileño Aras, una vez trasladada la documentación a Argentina, los jueces podrán o no seguir con el secreto de sumario, aunque parte de este contenido debe ser discutido en el futuro acuerdo de cooperación.