La oposición logra media sanción para aumentar el financiamiento universitario y desafía al veto de Milei

En una sesión cargada de tensiones políticas, la oposición en la Cámara de Diputados de Argentina logró este miércoles 6 de agosto de 2025 la media sanción de un proyecto de ley que busca reforzar y garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, en un claro desafío al presidente Javier Milei, quien ya vetó una iniciativa similar el año pasado. La votación, que culminó con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, marcó el inicio de una jornada legislativa extensa y complicada para el oficialismo, que también enfrenta debates sobre la emergencia en pediatría y la distribución de fondos a las provincias.

El proyecto, impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), propone medidas concretas para paliar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario. Entre sus puntos clave, se destaca la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas destinadas a investigación. Además, obliga al Poder Ejecutivo a convocar paritarias dentro de los tres meses posteriores a la sanción de la ley para recomponer los salarios de docentes y personal no docente, y establece un incremento en los programas de becas estudiantiles, ajustados también al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La iniciativa, que ahora pasará al Senado para su tratamiento, no logró alcanzar la mayoría especial de dos tercios por un solo voto debido a la ausencia de 18 legisladores, pero el amplio respaldo obtenido (158 votos afirmativos) posiciona a la oposición en un lugar de fuerza para insistir en caso de un nuevo veto presidencial. Este escenario pone en jaque la postura del oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, que desde el inicio rechazó el proyecto bajo el argumento de que su costo fiscal comprometería el superávit fiscal, pilar central del plan económico de Milei.

Un quórum ajustado y negociaciones intensas

La sesión, que comenzó al mediodía tras alcanzar el quórum mínimo de 131 presentes (se necesitaban 129), estuvo precedida por intensas negociaciones del oficialismo con gobernadores y bloques aliados para intentar frenar la iniciativa. Sin embargo, la coalición opositora, conformada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, el bloque de Miguel Pichetto (Encuentro Federal), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunos legisladores de la UCR, logró reunir las voluntades necesarias para abrir el debate. Sorpresivamente, algunos radicales como Karina Banfi, Fabio Quetglas, Martín Tetaz, Roxana Reyes, Julio Cobos, Gabriela Brouwer de Koning y Roberto Sánchez se sumaron al quórum, fortaleciendo la posición opositora.

Desde el oficialismo, el diputado libertario Gabriel Bornoroni cuestionó la falta de claridad sobre la fuente de los fondos para financiar el aumento presupuestario, acusando a la oposición de querer “romper el equilibrio fiscal” y tildando a los impulsores del proyecto como “kirchneristas”. Por su parte, la oposición defendió la necesidad de priorizar la educación como una inversión estratégica. La diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre, señaló: “El principal responsable de esta discusión es el Gobierno Nacional, que por segundo año consecutivo no presenta la Ley de Presupuesto, generando un atraso histórico en el sistema universitario”.

En la misma línea, la radical Gabriela Brouwer de Koning enfatizó: “El orden fiscal no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio. En la era del conocimiento, la educación es un valor estratégico fundamental. La universidad pública no es un gasto, es una inversión para el desarrollo del país”.

Un desafío al veto presidencial

El proyecto de financiamiento universitario no es un hecho aislado, sino parte de un temario más amplio que incluye la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan y propuestas de los gobernadores para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y distribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estas iniciativas, con alto impacto fiscal, generan preocupación en la Casa Rosada, que ve amenazado su objetivo de déficit cero.

El antecedente del veto de Milei a una ley similar en 2024, que no pudo ser revertido por la oposición debido al apoyo del PRO y algunos sectores del radicalismo, pone en duda la viabilidad final de esta nueva iniciativa. Sin embargo, las tensiones electorales y las negociaciones con gobernadores podrían alterar la dinámica legislativa, especialmente considerando que el oficialismo necesitó de maniobras ajustadas para sostener vetos previos.

Un debate que trasciende lo legislativo

La aprobación de la media sanción no solo representa un avance legislativo, sino también un mensaje político de la oposición, que busca capitalizar el descontento social frente a los recortes en educación y salud. La comunidad universitaria, que protagonizó una Marcha Federal Universitaria en rechazo al veto de 2024, observa con atención los próximos pasos en el Senado.

Mientras tanto, el gobierno de Milei insiste en que cualquier aumento de gasto debe estar acompañado de un incremento en los ingresos del Estado, una postura que choca con las demandas de los rectores y los gremios docentes. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la ley para 2024 sería de $738.595 millones, equivalente a 0,14% del PBI, una cifra que el oficialismo considera insostenible.

Con el Senado como próximo escenario y un posible nuevo veto presidencial en el horizonte, el debate sobre el financiamiento universitario promete seguir siendo un punto de conflicto central en la agenda política argentina, reflejando las profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno al rol del Estado y la educación pública.