Un comerciante de barrio San Vicente presentó ante la Justicia de Córdoba la primera demanda civil por los daños sufridos durante los saqueos del 3 y 4 de diciembre.
Gustavo Liebau, abogado querellante aclaró que el Estado debe asegurar la prestación de la seguridad.
El letrado diferenció a los últimos sucesos de los ocurridos en 2001, al recordar que en aquella oportunidad la Policía salió a reprimir a quienes alteraron el orden social.
«La enorme diferencia, es que los delitos que se cometieron fue porque no existió la posibilidad de la respuesta policial por el acuartelamiento. Es decir, que lo que motivó estos delitos comunes fue la inexistencia de una fuerza del orden que reprimiera la situación», sostuvo.
Respecto del saqueo al local de su cliente, Liebau dijo: «Se trata de un negocio de venta de ropa, no era hambre; eran delincuentes comunes que vaciaron el local y se llevaron hasta los maniquíes».
«La Policía fue informada por el servicio de monitoreo de la alarma y nunca llegó», apuntó.
Otro de los reproches que Liebau hizo al Estado provincial es por «su poca capacidad de reacción y poca capacidad de información». Sobre esto último, agregó: «(La Provincia) En ningún momento salió a decir lo que estaba ocurriendo. Hasta la noche había funcionarios que decían que no era necesario convocar a Gendarmería. Esto hizo escalar la situación».
Además del local de su representada, Liebau dijo que también vaciaron en esa cuadra a un local de ropa deportiva, una joyería y una veterinaria.
«Los juicios son el peor remedio. Quisiera llamar a la reflexión a las autoridades y evitemos una enorme cantidad de juicios. A las personas que les están ofreciendo los créditos pretenden que se firme un documento de renuncia de demandar al Estado», finalizó.
Gustavo Liebau, abogado querellante aclaró que el Estado debe asegurar la prestación de la seguridad.
El letrado diferenció a los últimos sucesos de los ocurridos en 2001, al recordar que en aquella oportunidad la Policía salió a reprimir a quienes alteraron el orden social.
«La enorme diferencia, es que los delitos que se cometieron fue porque no existió la posibilidad de la respuesta policial por el acuartelamiento. Es decir, que lo que motivó estos delitos comunes fue la inexistencia de una fuerza del orden que reprimiera la situación», sostuvo.
Respecto del saqueo al local de su cliente, Liebau dijo: «Se trata de un negocio de venta de ropa, no era hambre; eran delincuentes comunes que vaciaron el local y se llevaron hasta los maniquíes».
«La Policía fue informada por el servicio de monitoreo de la alarma y nunca llegó», apuntó.
Otro de los reproches que Liebau hizo al Estado provincial es por «su poca capacidad de reacción y poca capacidad de información». Sobre esto último, agregó: «(La Provincia) En ningún momento salió a decir lo que estaba ocurriendo. Hasta la noche había funcionarios que decían que no era necesario convocar a Gendarmería. Esto hizo escalar la situación».
Además del local de su representada, Liebau dijo que también vaciaron en esa cuadra a un local de ropa deportiva, una joyería y una veterinaria.
«Los juicios son el peor remedio. Quisiera llamar a la reflexión a las autoridades y evitemos una enorme cantidad de juicios. A las personas que les están ofreciendo los créditos pretenden que se firme un documento de renuncia de demandar al Estado», finalizó.