Más de 20 Barras de Independiente en la mira de la Justicia por los Violentos Incidentes con Universidad de Chile

La justicia argentina avanza con paso firme en la investigación de los graves incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y Universidad de Chile. Más de 20 barras bravas del club de Avellaneda están en la mira del fiscal Mariano Zitto, quien encabeza las causas judiciales abiertas tras los disturbios que llevaron a la cancelación del encuentro. Además, se evalúan las responsabilidades del club y de la Policía Bonaerense en un operativo de seguridad que, según las autoridades, presentó serias falencias.

Los hechos, que conmocionaron al fútbol sudamericano, comenzaron con actos vandálicos por parte de la parcialidad visitante de Universidad de Chile, ubicada en la Tribuna Sur Alta (Pavoni). Según reportes oficiales, los hinchas chilenos destruyeron instalaciones sanitarias, inhabilitaron cámaras de seguridad y arrojaron proyectiles, incluyendo butacas, escombros y bombas de estruendo, hacia los simpatizantes locales en la tribuna baja. Estos actos provocaron una escalada de violencia que culminó en una brutal respuesta de la barra disidente de Independiente, quienes irrumpieron en el sector visitante, agrediendo a los pocos hinchas de la U que permanecían en la grada. Las imágenes, ampliamente difundidas, muestran escenas de extrema violencia, con hinchas chilenos golpeados, desnudados e incluso uno cayendo desde la tribuna.

El saldo de los disturbios fue alarmante: al menos 19 heridos, dos de ellos de gravedad y sometidos a intervenciones neuroquirúrgicas, y más de 100 detenidos, en su mayoría simpatizantes chilenos. Sin embargo, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 4 de Avellaneda ordenó la liberación de 104 hinchas de la U tras determinar que no había pruebas suficientes para imputarlos. En cambio, dos simpatizantes argentinos de 28 años, identificados como S.F.E. y M.L.L., permanecen detenidos por agresiones registradas fuera del estadio.

El fiscal Zitto, a cargo de las investigaciones, espera recibir entre lunes y martes los informes completos para avanzar en las acusaciones contra los barras de Independiente. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que se han identificado a 25 barras del Rojo como responsables de los ataques, y se espera que se soliciten sus detenciones en las próximas horas. Las causas, inicialmente caratuladas como “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”, se han desglosado en 20 expedientes distintos para abordar los hechos ocurridos dentro del estadio.

Responsabilidades en Juego

La investigación no solo se centra en los hinchas violentos, sino también en el rol del club y las fuerzas de seguridad. El operativo, que contó con 650 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada, 330 trabajadores de Utedyc, siete ambulancias y 15 grupos de socorristas, fue considerado insuficiente por el fiscal Zitto. Según su análisis, la seguridad privada contratada por Independiente no pudo contener los disturbios, y la falta de coordinación con la Policía Bonaerense agravó la situación. El juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N.º 3 de Avellaneda, ordenó la clausura preventiva del estadio y prohibió eventos deportivos con público hasta que se presente un nuevo plan de seguridad.

El ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, señaló a la Conmebol y a Independiente como responsables, destacando que la Policía recomendó suspender el partido en el primer tiempo, pero la sugerencia fue ignorada por los delegados de la Conmebol. Alonso criticó la ubicación de los hinchas visitantes en una tribuna alta sin barreras físicas sobre los locales, una decisión que, según él, fue advertida como riesgosa en las reuniones previas.

Por su parte, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, desligó al club de toda responsabilidad, afirmando que los incidentes fueron iniciados por los hinchas chilenos y que el operativo se organizó en conjunto con Conmebol y las autoridades. Grindetti viajó a Asunción para defender los intereses del club ante la Conmebol, solicitando una sanción para Universidad de Chile y la eximición de responsabilidad para Independiente.

Reacciones y Consecuencias

La Conmebol emitió dos comunicados condenando los hechos y anunció una investigación exhaustiva para determinar sanciones. La cancelación del partido, en lugar de una suspensión temporal, indica que el resultado de la llave será decidido en el escritorio, con posibles sanciones que van desde la repetición del encuentro hasta la descalificación de uno o ambos equipos. Fuentes de la Conmebol indicaron que la responsabilidad recae principalmente en el club local, lo que podría implicar un castigo severo para Independiente.

Desde Chile, el presidente Gabriel Boric condenó la violencia y ordenó al ministro Álvaro Elizalde viajar a Argentina para asistir a los hinchas heridos y detenidos. Testimonios de simpatizantes de la U, como Scarleth Barrera, describieron el operativo policial como inexistente y relataron el abandono que sintieron durante los enfrentamientos.

Independiente, por su parte, emitió un comunicado repudiando la violencia, detallando los destrozos causados por los hinchas chilenos y comprometiéndose a identificar y sancionar a los barras locales involucrados, solicitando su expulsión como socios y la aplicación del derecho de admisión. El club también aceptó la postergación de su próximo partido ante Platense, programado para el domingo, debido a la clausura del estadio.