Memorándum con Qatar: Imputan a Macri, Michetti y Malcorra

La fiscal Paloma Ochoa requirió abrir la instrucción por presunta defraudación contra la administración pública, entre otros delitos, contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri; la vicepresidente, Gabriela Michetti; la canciller, Susana Malcorra; el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, y el ex director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) Luis María Blaquier, entre otros funcionarios del gobierno nacional.

Las imputaciones surgen a partir de la presentación realizada por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, que denunció el “Memorándum de Entendimiento” suscripto el 6 de noviembre de este año entre Argentina y el representante del fondo de inversión “Qatar Investment Authority” (QIA), Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani, por la conformación de un fondo cooperativo de unos u$s 1.000 millones.

Según la denuncia, el contenido del acuerdo «resulta contrario a la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico y perjudicial para el patrimonio público» ya que la contribución argentina provendría del FGS y prevé «la implementación de una plataforma offshore».

«Ese instrumento no sólo autorizó a comprometer los recursos del FGS en operaciones offshore, sino que también derivó sus activos públicos a un subfondo ajeno a todo tipo de regulación nacional, lo que imposibilita que su administración y control se encuentre a cargo de la dirección del FGS”, apuntó la fiscal Ochoa en su dictamen

«Las normas que regulan la materia exigen que cada una de tales operaciones sea realizada bajo el cumplimiento de estrictos parámetros de seguridad, rentabilidad y transparencia. Con relación al último de los criterios ponderados, debo señalar que lo denunciado -de ser corroborado- demostraría un grave incumplimiento del criterio de transparencia estipulado por el ordenamiento jurídico nacional. No sólo por cuanto la intención de los funcionarios públicos antes de que sea revelado fue que el MOU permanezca confidencial, sino también porque aquellas circunstancias impidieron que ese acuerdo se encuentre sujeto a las regulaciones vigentes respectivas, a las inspecciones de los diversos organismos de control interno y externo nacionales», sostuvo la titular de la Fiscalía Federal N° 10.

«Respecto del total de los créditos que son autorizados a gastar por la gestión de los fondos, cabe resaltar que la ANSES se encuentra autorizada para asignar recursos para esos fines, pero con limitaciones. Precisamente, se establece que ese organismo pueda ´contemplar en su presupuesto operativo los gastos que demande la administración del FGS, siendo este último la fuente de financiamientos. Dichos gastos no podrán exceder el 1% del rendimiento anual de las inversiones´. Se advierte entonces, que los funcionarios públicos denunciados cedieron indebidamente la administración de los fondos del FGS a un ´Gerente independiente o de tercer partido´, que carecía de competencia alguna para llevar a cabo esa actuación. E incluso más, acordaron que por esa actividad ilegítima percibiría comisiones que tampoco se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico nacional», agrega el dictamen de Ochoa para sostener las imputaciones.

Otra irregularidad señalada en la denuncia de Miguez indica que en la firma del Memorándum no intervinieron «los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la canciller Susana Malcorra o el entonces vicecanciller Carlos Fordari, a quienes la Constitución Nacional les asigna justamente esas competencias». Tampoco fue remitido, «dada su naturaleza jurídica de Tratado”, al Congreso de la Nación para su aprobación.