Patricia Bullrich y Carolina Stanley enfrentadas por la política social

En medio de las dificultades económicas y riesgo de mayor conflictividad para los próximos meses, en el Gobierno se abrió una discusión sobre la política social y el rol de las organizaciones que negocian y articulan con la Casa Rosada. Con un escenario de recesión, inflación y pobreza en aumento hubo -y habrá más- refuerzos en la asistencia aunque también reparos sobre si ese esquema en parte promueve las protestas en las calles y sobre las herramientas y exigencias para que los beneficiarios consigan empleo.

Mauricio Macri se puso al frente del anuncio de los datos de pobreza (el INDEC registró un crecimiento del 25,7% al 27,3% en la población urbana, más de 11 millones de personas al primer semestre de este año) sin complementarlo con un refuerzo de la asistencia. El Presidente se limitó a repasar las medidas ya conocidas, como los bonos de septiembre y diciembre para la asignación por hijo y la suba en los programas Hacemos Futuro, que llegarán a $6.000 a fin de año.

Mantener la ayuda social no aparece en discusión, más bien en qué momento aumentarla con la “salvaguarda” del FMI y cómo distribuirla, con el foco en la intermediación. Con la mirada en el crecimiento de la protesta social, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- marca en reuniones internas que las organizaciones -el llamado triunvirato de San Cayetano: CTEP, Barrios de Pie y CCC, y otras- intensificaron su presencia en las calles y vincula el financiamiento de esas acciones con la asistencia del Gobierno. Carolina Stanley -Salud y Desarrollo Social- defiende las reformas implementadas, con mayores controles y el declamado objetivo de promover el trabajo formal, más allá del contexto recesivo.

“Las organizaciones juntan plata y poder político y están cada vez más en la calle. Tenemos que ir hacia un esquema de menos intermediación, más autonomía de las personas, más responsabilidad y más centrado en el empleo”, fue uno de los cuestionamientos al sistema actual.