Polémica en el Gobierno de Milei: Jorge Rial denuncia allanamientos y amenazas con un Falcon como símbolo de represión

En un nuevo capítulo de la escalada de tensiones entre el periodismo y el Poder Ejecutivo, el conductor Jorge Rial ha salido al cruce de una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad que solicita allanamientos en su domicilio y en los estudios del canal de streaming Carnaval. El motivo: la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, que involucran presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Rial no solo cuestionó la medida judicial, sino que también denunció una supuesta amenaza con un vehículo Ford Falcon estacionado frente a su casa, evocando los fantasmas de la dictadura militar argentina. «Los Falcon son un fetiche de este gobierno», afirmó el periodista en su programa, aludiendo a la vicepresidenta Victoria Villarruel y su afinidad con símbolos de la represión estatal.

El escándalo estalló la semana pasada cuando, a través del programa «Data Clave» en Carnaval Stream –donde Rial colabora junto a Mauro Federico–, se filtraron grabaciones que implican a Karina Milei y al diputado Eduardo «Lule» Menem en un supuesto esquema de coimas en la ANDIS. Los audios, grabados aparentemente en la Casa Rosada, incluyen referencias a «recaudar» de prestadores de servicios para discapacitados y a maniobras para desviar fondos públicos. Según revelaciones en el programa, estas conversaciones surgieron de escuchas del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, quien fue despedido tras denunciar irregularidades. Fuentes cercanas al Gobierno, como el vocero presidencial Manuel Adorni, calificaron la filtración como «un ataque ilegal y planificado» para desestabilizar el Ejecutivo en plena campaña electoral bonaerense.

La respuesta oficial no se hizo esperar. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante la Justicia Federal por «espionaje ilegal e influencia extranjera», apuntando directamente a Rial, Federico, el empresario Pablo Toviggino (tesorero de la AFA y dueño del streaming) y el abogado Franco Bindi, vinculado al exdirector de la SIDE, Fernando Pocino. El escrito, radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 (subrogado por el juez Julián Ercolini), solicita allanamientos en los estudios de Carnaval y en los domicilios de los implicados, además de la incautación de dispositivos electrónicos. Bullrich defendió la medida en LN+, argumentando que «no son periodistas, es la mafia» y que los audios forman parte de una «operación de inteligencia ilegal» con posibles nexos a intereses rusos y chavistas.  Un juez civil, Alejandro Patricio Maraniello, ya ordenó el «cese inmediato» de la difusión de los audios, medida que Rial calificó como «censura previa y totalitaria», comparándola con regímenes como el de Venezuela.

Pero el conflicto escaló a un terreno más personal y simbólico. En su programa radial en Radio 10 y en «Argenzuela» por C5N, Rial relató un incidente ocurrido el fin de semana: al llegar a su domicilio en la noche, encontró un Ford Falcon verde estacionado frente a la puerta, con un hombre en su interior «tomando mate y mirándolo fijamente». «Es raro llegar a tu casa y ver un Falcon en la puerta», expresó el conductor, recordando el rol histórico de estos vehículos en los secuestros y desapariciones durante la última dictadura (1976-1983). Los vecinos, alarmados, llamaron a la policía, que intervino y obtuvo datos del ocupante, aunque Rial optó por no divulgarlos por privacidad. «Con la historia que tenemos, es muy fuerte», insistió, vinculando el hecho a un «giro totalitario» del Gobierno.

Rial no dudó en responsabilizar al Ejecutivo: «Es el sinónimo de la represión y uno de los emblemas de Javier Milei y Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura». En su cuenta de X (antes Twitter), el periodista amplió: «El gobierno nos acusa de una conspiración internacional… Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema, el régimen de

@JMilei

no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción, sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión». Agregó: «Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia».  El conductor también ironizó sobre la corrupción: «Están más sucios que una papa, la corrupción les acaba de saltar como pus», y desafió: «Si quieren venir a buscar el teléfono, que lo hagan. La diferencia es que no huimos ni escondemos pruebas».

La denuncia de Rial ha generado repercusiones en el ámbito mediático. Alejandro Fantino, compañero en Carnaval, cargó contra Bullrich: «No podés tomar en serio a Patricia Bullrich… Ella era la paladín de no tocar a los periodistas, y ahora está a favor de allanar un medio. Eso es una locura».  Por su parte, el Gobierno insiste en que se trata de una «campaña de desinformación» para influir en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en Buenos Aires, con posibles vínculos a una red rusa llamada «La Compañía».  Bullrich, en A24, reiteró: «En la Casa Rosada hubo espionaje ilegal para desestabilizar», negando inicialmente el pedido de allanamiento pese a que el texto judicial lo explicitaba.

Este episodio se suma a una serie de fricciones entre el Gobierno y la prensa opositora. Rial, quien ya había sido denunciado por Milei por «injurias» en un caso anterior sobre los perros del presidente, ve en estas acciones un intento de «cercenar la libertad de expresión». «Arrancaron por pegarles a los jubilados y discapacitados, y ahora van por la prensa. Es hora de que nos despertemos», advirtió.  Mientras tanto, la Justicia avanza en la investigación, y el debate sobre los límites entre seguridad nacional y libertad de prensa se intensifica a días de los comicios.

El caso de los audios en la ANDIS sigue abierto: allanamientos en la agencia y en la Droguería Suizo Argentina ya se realizaron, revelando posibles sobreprecios y desvíos. Spagnuolo, el detonante, presentó pruebas en Comodoro Py, lo que podría derivar en más imputaciones.  Rial, por su parte, ratificó que no revelará fuentes y que continuará con las investigaciones, afirmando: «Me importa que del otro lado tenemos al aparato del Estado peleando en contra nuestra, es una locura».

Este enfrentamiento pone en jaque la relación entre el oficialismo y los medios, recordando debates históricos sobre el rol del periodismo en democracias frágiles. ¿Se convertirá en un punto de inflexión para la libertad de expresión en Argentina? Solo el tiempo y la Justicia lo dirán.