Procesan al jefe de seguridad de Nordelta por facilitar la fuga de un dueño de la droguería Suizo Argentina en el escándalo de la Agencia de Discapacidad

En un nuevo capítulo del escándalo que involucra presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad del exclusivo country Nordelta, por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. Según la resolución judicial, De Vincentis habría colaborado intencionalmente para permitir la escape de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, durante allanamientos policiales realizados en el marco de la investigación.

El caso, que remonta a presuntos pagos irregulares entre la droguería y la Andis, ha generado revuelo en los tribunales federales. Los allanamientos, ordenados por el juez Casanello y ejecutados por la Policía de la Ciudad, se llevaron a cabo en el barrio privado de Tigre, donde residen los hermanos Kovalivker, Jonathan y Emmanuel, principales imputados en la causa. Durante el operativo, Jonathan Kovalivker no fue localizado en su domicilio, donde los agentes encontraron cajas fuertes abiertas y aparentemente vaciadas, lo que levantó sospechas de que se había fugado con evidencia clave.

De Vincentis, un exagente de la Policía Federal Argentina con vasta experiencia en seguridad privada, es acusado de haber demorado deliberadamente el acceso de los policías al complejo residencial. Según la imputación, su intervención permitió a Jonathan Kovalivker salir del lugar sin ser interceptado, frustrando la requisa personal y el secuestro de su teléfono celular. En paralelo, Emmanuel Kovalivker fue detenido al intentar abandonar el country La Isla con una suma millonaria: 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos en sobres, lo que agravó las sospechas sobre el manejo de fondos en la droguería.

El juez Casanello, en su fallo de 20 páginas, describió la conducta de De Vincentis como «una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad». El magistrado destacó que, dada la posición de De Vincentis, este tenía la capacidad de advertir en tiempo real la llegada de la fuerza pública, identificar el lote objetivo y coordinar apoyos externos. «La actuación desplegada evidencia que efectivamente se valió de tales prerrogativas para frustrar una parte crucial del procedimiento», sostuvo Casanello, basándose en peritajes telefónicos, registros de cámaras de seguridad y logs de entradas y salidas del country, que coinciden en horarios clave entre la alerta de De Vincentis y la huida de Kovalivker.

Durante su indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, De Vincentis se presentó voluntariamente y entregó dos celulares con sus respectivas claves. En su defensa, argumentó que el día de los allanamientos se encontraba de vacaciones, pero que actuó conforme al protocolo de la empresa de seguridad privada. «Cumplí el protocolo» y «pedí ver las órdenes judiciales», declaró el imputado, negando cualquier intención de obstruir la justicia. Sin embargo, fuentes judiciales revelaron que De Vincentis había exhibido actitudes similares en procedimientos policiales previos, lo que refuerza la tesis de un patrón de conducta.

La investigación también involucró a la Policía Bonaerense, convocada por el personal de seguridad de Nordelta bajo la excusa falsa de un procedimiento sin orden judicial. Una vez verificada la legalidad del operativo, las fuerzas se retiraron, pero el incidente contribuyó a la demora que benefició a los investigados. El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la causa, respaldó la procesamiento de De Vincentis, quien no recibió prisión preventiva pero sí un embargo sobre sus bienes por 2.000.000 de pesos.

Casanello se declaró incompetente para seguir interviniendo en el expediente y derivó la causa a un tribunal de Tigre, donde ocurrieron los hechos. Este giro judicial podría acelerar el proceso en la justicia local, mientras la familia Kovalivker enfrenta cargos por presunta corrupción en la Andis, un organismo clave en la distribución de medicamentos y prótesis para personas con discapacidad.

El escándalo de Suizo Argentina ha salpicado a figuras del gobierno anterior y expone posibles redes de sobornos en el sector farmacéutico. Por el momento, Jonathan Kovalivker permanece prófugo, y las autoridades continúan rastreando posibles destinos de escape. Este procesamiento representa un avance en la lucha contra la impunidad en casos de alto perfil, aunque persisten interrogantes sobre la profundidad de la red de encubrimiento en Nordelta.