Provincia: En donde está parada la justicia penal

Mucho se habla de la necesidad en contar con un Poder Judicial independiente, con capacidad de gestión y al mismo tiempo con aptitud para resolver la conflictividad social que diariamente se ventila en cada uno de sus fueros.

Según detalla Roger Gales, Secretario de la Defensoría General de San Martín, desde el sindicato Asociación Profesional Personal Judicial (APPJ) que nuclean a los profesionales jerárquicos que trabajan en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, pero que no poseen la categoría de jueces y fiscales, la estructura judicial tiene falencias y hace ineficaz el sistema

Desde el método de selección de magistrados, a la mayoría de los jueces y fiscales se los nombra por sus contactos políticos. A nadie entonces debería sorprender que estos funcionarios se nieguen a impulsar investigaciones en materia de corrupción estatal.

La misma no se limita al desvío de fondos públicos sino que también produce un aumento de la conflictividad social, delincuencia, consumo de drogas, abandono de la niñez, debido justamente al mal uso de esos recursos. Y lo que es peor, esa conflictividad social se judicializa por parte del Poder Ejecutivo y de la Policía ante el mismo Poder Judicial que previamente se negó a combatir las causas que la originaron.

Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, los fiscales tienen a su cargo las investigaciones penales y, por ende, tienen que ejercer el control de la Policía, a quien deberían impartir directivas sobre cómo hacer una investigación.

Lo que ocurre es que los fiscales delegan, por lo general, casi la totalidad de sus tareas en su personal, limitándose en el mejor de los casos a gerenciar las fiscalías.

Los empleados que suplen esa inactividad de los fiscales en modo alguno poseen la capacidad física, por sobrecarga laboral de sumar a sus tareas el direccionamiento de la Policía.