Rechazaron la suspensión del decreto que permite el blanqueo de familiares de funcionarios públicos

El juez federal en los Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli no hizo lugar al planteo presentado por el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá contra el decreto 1206/16, que permitió la incorporación de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales.

Marinelli rechazó la medida cautelar para suspender la aplicación de la normativa hasta que se defina el recurso de amparo sobre la constitucionalidad o no del decreto de necesidad y urgencia, que modificó la ley de «blanqueo» aprobada por el Congreso nacional, según el portal Infobae.

«Acceder al dictado de la cautelar intentada, importaría anticipar juicio de mérito y, además, se estaría dejando vacío de contenido al proceso, al satisfacerse por medio de la cautelar aquello que es el objeto del amparo», sostuvo el juez en su resolución.

«La sumarísima vía escogida (amparo ley 16.986) y la inminencia de su decisión descartan la existencia de perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia», señaló el magistrado.

El fallo de Marinelli puede ser apelado por Solá para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El diputado presentó el amparo en diciembre contra el decreto al considerar que viola la ley 27.260, aprobada en mayo por el Congreso Nacional, que excluyó expresamente a «los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados» de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido «presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal» o personal de organismos de inteligencia.

Sin embargo, con la firma de Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el decreto del 30 de noviembre permite blanquear bienes no declarados a los familiares de funcionarios, «exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha» en que sus parientes se incorporaron en la función pública.

Tras rechazar la medida cautelar, Marinelli deberá resolver la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. Además de la causa administrativa, se radicaron dos causas penales, una de Libres del Sur y otra del Frente para la Victoria, por el delito de «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de los funcionarios público».