Revés judicial para el Gobierno: la Justicia declaró inválido el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

En un nuevo fallo que representa un importante traspié para el Gobierno de Javier Milei, la Justicia declaró inválido el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión, emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal, responde a un caso concreto y pone en cuestión la estrategia del Ejecutivo de frenar iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso, buscaba garantizar recursos y medidas urgentes para atender las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, en un contexto de recortes presupuestarios y creciente demanda social. Sin embargo, el presidente Milei decidió vetarla, argumentando que la norma podría generar un impacto fiscal negativo y “afectar a futuras generaciones”, según señaló en su momento. Esta postura generó un fuerte rechazo entre organizaciones sociales y sectores políticos, que consideraron el veto como un acto de insensibilidad hacia un colectivo vulnerable.

El fallo judicial, que declara la invalidez del veto, marca un precedente significativo. La resolución sostiene que el Ejecutivo no justificó de manera suficiente las razones para vetar una ley aprobada por mayorías en el Congreso, vulnerando principios constitucionales. Aunque el fallo se aplica específicamente al caso presentado, abre la puerta a nuevas acciones legales que podrían buscar revertir el veto de manera más amplia.

Desde el arco opositor, la decisión fue celebrada como un triunfo para las personas con discapacidad. El diputado Daniel Arroyo, en una publicación en X, expresó: “El Gobierno vetó la ley de Emergencia en Discapacidad. Es absurdo, una vergüenza. Vamos a insistir con los dos tercios en Diputados y en el Senado para que se ponga en marcha. Las personas con discapacidad y sus familias están desesperadas y realmente la necesitan”. En tanto, organizaciones como CAIDIS destacaron el impacto inmediato de los recortes en la calidad de vida de las personas con discapacidad, subrayando la urgencia de implementar la ley.

Por su parte, el Gobierno aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallo, pero fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que podrían apelar la decisión o buscar alternativas para mantener su postura fiscal. La gestión de Milei ha enfrentado múltiples reveses judiciales en los últimos meses, incluyendo suspensiones de decretos relacionados con reformas laborales, la disolución de organismos públicos y privatizaciones, lo que refleja un escenario de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Este nuevo capítulo en la puja por la Ley de Emergencia en Discapacidad no solo evidencia las dificultades del oficialismo para avanzar con su agenda de ajuste, sino que también pone de relieve la importancia de los controles judiciales en la defensa de derechos fundamentales. Mientras tanto, la sociedad civil y los legisladores opositores anticipan que continuarán presionando para que la ley sea implementada, en un contexto donde las necesidades de las personas con discapacidad se tornan cada vez más acuciantes.