Bolivia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país se encuentra sumergido en una tormenta perfecta que combina un estallido social por la crisis económica, protestas masivas en las calles y una feroz disputa judicial en torno a la figura del expresidente Evo Morales, quien hoy permanece bajo una orden de aprehensión internacional.
El detonante económico: El fin del subsidio a los combustibles
El conflicto social escaló de forma drástica tras la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar los subsidios estatales a las naftas y carburantes. El gobierno justificó la medida explicando que el beneficio demandaba un gasto insostenible de 10 millones de dólares diarios, en un contexto de alarmante escasez de divisas y agotamiento de las reservas de gas.
La respuesta de los sindicatos, mineros y comunidades indígenas fue inmediata. La quita del subsidio disparó la inflación y el costo del transporte, lo que provocó bloqueos de rutas nacionales y desabastecimiento de alimentos y medicinas en las principales ciudades del país.
Evo Morales: Entre la denuncia de estupro y el refugio en el Chapare
En paralelo a la crisis económica, la tensión política llegó a su punto máximo cuando la justicia boliviana declaró a Evo Morales en rebeldía. El exmandatario enfrenta una orden de captura por presunta trata agravada de personas y estupro, una causa que investiga la supuesta relación con una menor de 15 años durante su período presidencial.
Morales niega rotundamente los cargos, calificándolos como un montaje judicial (lawfare) diseñado para proscribirlo políticamente. Actualmente, el líder cocalero se encuentra refugiado en su bastión del Trópico de Cochabamba (Chapare), fuertemente resguardado por militantes armados que impiden el acceso de las fuerzas de seguridad.
Protestas y acusaciones de golpe de Estado
La Paz y Cochabamba se han convertido en los escenarios principales de los enfrentamientos. Las marchas andinas de los sectores «evistas» confluyeron en la capital, derivando en choques violentos con la policía que incluyeron el uso de dinamita y el asedio a edificios públicos.
El presidente Rodrigo Paz denunció que estas movilizaciones forman parte de un «plan macabro» liderado por Morales para perpetrar un golpe de Estado institucional, forzar su renuncia y adelantar las elecciones generales. Por su parte, Morales sostiene que se trata de una sublevación popular genuina ante el fracaso del modelo económico oficialista.
Reacción internacional ante la crisis boliviana
El impacto del conflicto ya traspasó las fronteras. Un bloque de ocho países de la región, junto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitió un firme respaldo a la institucionalidad democrática del gobierno de Paz. Mientras tanto, Morales acusó a países vecinos como Argentina de intervenir militarmente en el conflicto, una afirmación que la gestión de Javier Milei desmintió categóricamente, aclarando que los envíos aeronáuticos correspondieron estrictamente a asistencia humanitaria y de emergencia.