«SEGUN INTELIGENCIA HABIA ALGUNA OPCION DE EVASION», SE CERRO LA CARCEL DE CAMPO DE MAYO
Publicado: 19-09-2013
El director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, dispuso el cierre de la unidad de Campo de Mayo y el traslado de todos los acusados de crímenes de lesa humanidad a la cárcel de Marcos Paz, al argumentar que no existen las condiciones de seguridad necesarias para evitar fugas.
Con esta decisión, los 25 responsables por delitos cometidos durante la última dictadura pasarán a «ser presos comunes».
«Se cerró la unidad de Campo de Mayo que se había generado por convenio con el Ministerio de Defensa y Justicia y están dadas las condiciones para trasladarlo a una cárcel común», explicó Marambio.
El director del SPF señaló que se tomó esta decisión porque había «alguna opción de evasión» en el lugar.
«Antes tenía sentido (tener presos en Campo de Mayo) porque había una unidad de atención médica, pero dejó de funcionar», afirmó Marambio.
Y agregó: «Además por informes de Inteligencia sabíamos que había alguna opción de evasión en Campo de Mayo y teníamos capacidad limitada. Así que decidimos el traslado de 25 internos de lesa humanidad».
El SPF le comunicó al Tribunal Oral Federal Número 5 que el traslado se ordenó «debido a que no es posible dotar a la estructura edilicia de Campo de Mayo (U.34) de las condiciones de seguridad exigibles para una unidad penitenciaria».
Según la nota que firmó Marambio, el edificio «presenta falencias funcionales, las que constituyen un factor de riesgo grave, real e inminente de evasiones de la población penal allí alojada, singularmente de contar con ayuda externa».
Al respecto, se reveló que el Departamento de Inteligencia Penitenciaria elaboró «varias hipótesis sobre el desarrollo de dichos eventos».
También se puntualizó la «dificultad» que tiene la custodia de un centro penitenciario «asentado dentro de un importante complejo del Ejército, motivo principal del déficit de seguridad».
Además, se observó que «la composición etaria de dicha población penal, requiere de una permanente asistencia en materia de salud», por lo que hay que cubrir esa situación «principalmente a través de los hospitales militares», traslados que fueron prohibidos a fines de julio, luego de la fuga de los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, quienes habían llegado desde San Juan para hacerse estudios en el Hospital Militar Central