Con 71 votos a favor, la Cámara Alta convirtió en ley el régimen permanente que reemplaza la emergencia que vencía a fin de año. La norma blinda la actualización por inflación, mantiene el acceso directo por CUD y fija plazos para saldar deudas con prestadores.

El Senado de la Nación sancionó por unanimidad la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, el Congreso dejó atrás el esquema transitorio de emergencia —cuyo vencimiento operaba el 31 de diciembre— para instaurar un marco legal estable.

La iniciativa, que ya contaba con el respaldo de 237 votos en Diputados, fue aprobada sin modificaciones tras semanas de negociaciones parlamentarias. De este modo, el texto quedó listo para su promulgación y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, dejando sin efecto los recortes en el área que se habían discutido originalmente en el Presupuesto 2027.

Los puntos principales de la ley sancionada
La nueva normativa ratifica las garantías históricas del sector e incorpora reglas claras sobre financiamiento, actualizaciones y controles:
    • Nomenclador único y ajuste por inflación. Se mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado para obras sociales, prepagas y el Estado. Los valores se actualizarán automáticamente según el índice de movilidad jubilatoria vinculado a la evolución de los precios.
    • Pensiones y empleo registrado. Se ratifica la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal de acceso. Además, se mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión y un trabajo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
    • Pago de deudas a prestadores. El Ejecutivo contará con un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia para publicar un cronograma de pagos y tendrá hasta 90 días para cancelar las compensaciones pendientes con profesionales e instituciones.

    • Blindaje presupuestario y salud. Se garantiza la continuidad de la cobertura médica básica a través del programa Incluir Salud. Asimismo, las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sector no podrán caer en términos reales respecto al año anterior, previendo recursos del Tesoro ante eventuales faltantes. 
    • Auditorías con debido proceso. Se establecen controles periódicos mediante el cruce de datos entre ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS. Ante una posible suspensión de pensiones, el Estado deberá notificar al titular y otorgarle 60 días para presentar su descargo antes de tomar una resolución. 

Un marco permanente junto a las leyes históricas
La sanción de esta norma complementa el entramado jurídico vigente en la Argentina, integrado por la Ley 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas), la Ley 22.431 (Protección Integral y cupo laboral estatal del 4%), las Leyes 25.504 y 27.711 (emisión del CUD sin vencimiento) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con jerarquía constitucional.
Con el aval unánime de ambas cámaras, el foco se traslada ahora al Poder Ejecutivo, que deberá reglamentar la norma y garantizar la ejecución de las partidas en todo el territorio nacional.