La relación bilateral entre Argentina y Brasil ha ingresado en su etapa más crítica. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño convocó de urgencia al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para exigirle explicaciones oficiales tras los duros discursos del presidente libertario.
La drástica medida de la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva responde a los agravios que Milei pronunció durante un acto del Partido Liberal en San Pablo. Allí, el mandatario argentino calificó a su par brasileño de «ladrón», «presidiario» y «basura socialista». Asimismo, tildó de «basura calva» al magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes. La crisis diplomática se profundizó aún más este domingo, luego de que Milei redoblara la apuesta en declaraciones radiales y acusara directamente al gobierno de Brasil de haber financiado el 25% de una presunta «campaña antiargentina».
Escala la crisis en el Mercosur: retiro de embajadores y repudio estatal
La reacción del Palacio de Itamaraty se ejecutó en dos pasos de alta gravedad institucional:
- Llamado a consultas: Horas antes de citar a Raimondi, el canciller Mauro Vieira ordenó el regreso inmediato a Brasilia de su propio enviado en Buenos Aires, el embajador Julio Bitelli.
- Denuncia por injerencia: Las autoridades brasileñas denunciaron formalmente que no existen precedentes de un mandatario extranjero que acumule agresiones contra los poderes constituidos de la república en su propio territorio nacional.
Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, manifestó su enérgico repudio a los insultos dirigidos a la Corte. Afirmó que las expresiones de Milei son «incompatibles con la civilidad que debe regir las relaciones entre los Estados».
A nivel local, la oposición y los sectores empresariales manifestaron su extrema preocupación por el impacto del conflicto político sobre el comercio, las inversiones y el empleo regional. El exembajador Jorge Argüello alertó en declaraciones a Infobae que este episodio constituye «la mayor imprudencia diplomática desde 1983». Pese a la alarma generalizada, fuentes de la Casa Rosada intentaron bajarle el tono a la disputa comercial asegurando que las relaciones económicas y las diplomáticas «corren por cuentas separadas».