En una jornada histórica y sin precedentes recientes, el Congreso de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña mediante un juicio político relámpago. Minutos después de perder sus fueros constitucionales, la Fiscalía ordenó su detención formal en el marco del megaescándalo financiero de Ueno Bank. El exmandatario se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en su residencia particular, custodiado por la Policía Nacional.
El detonante de la destitución legislativa fue el colapso del banco privado y su presunta conexión con un esquema de corrupción institucional. La imputación fiscal que pesa sobre Peña contempla graves cargos penales: lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
De acuerdo con las primeras investigaciones del Ministerio Público, la causa indaga el desvío millonario de fondos públicos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Economía y Finanzas, y las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Estos recursos habrían sido inyectados de forma irregular en la entidad financiera para beneficio patrimonial de exfuncionarios y allegados al poder.
Tras la confirmación de la destitución, la línea de sucesión presidencial se activó de inmediato. El hasta hoy vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la presidencia de la República ante el Congreso de la Nación para completar el periodo constitucional.
El fiscal a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción confirmó que Santiago Peña deberá comparecer para su declaración indagatoria este sábado a las 11:00 (hora local). La defensa del expresidente adelantó que rechazará los cargos y calificó el proceso como una persecución política.
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